El Congreso da el primer paso para derogar los límites en instrucción penal

El Pleno del Congreso de los Diputados ha dado hoy el primer paso para derogar el polémico artículo 324 de la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) de 2015, que redujo a 6 meses la instrucción de los procesos penales, ampliable a 18 para investigaciones complejas, como la corrupción.

Con 204 votos a favor, 132 votos en contra, todos del PP, y dos abstenciones del Grupo Mixto, la Cámara ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley de Unidos Podemos, a la que la formación morada ha bautizado como "Ley Berlusconi", porque cree que acortar los plazos provoca "serias dificultades" para investigar los grandes casos de corrupción, que ha destapado la Justicia.

En el debate del pasado martes, la oposición reprochó al PP que introdujera unos límites temporales en la instrucción penal "a coste cero" y "sacrificando derechos" pero "sin incrementar los medios", lo que ha conducido a situaciones de "impunidad e inseguridad jurídica".

Críticas que el PP trató de desmontar al citar el aumento del 7 % en el presupuesto del Ministerio de Justicia de este año, al tiempo que ha rechazado cualquier impunidad e injerencia en la Justicia. "Quien la hace la paga", ha dicho Carlos Rojas.

Se da la circunstancia de que la Cámara ya se ha pronunció hace dos meses sobre el mismo punto que recoge la iniciativa de Podemos cuando aprobó iniciar la tramitación de la proposición de ley integral contra la corrupción de Ciudadanos, que, entre otros asuntos, plantea la eliminación del plazo máximo para investigar, como así lo ha recordado su diputada Patricia Reyes.

Igualmente, el Congreso ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley conjunta de PP y PSOE que modifica la Ley de Justicia Gratuita para dejar exentos de IVA a los abogados y procuradores del turno de oficio.

Todos los grupos del arco parlamentario, salvo Podemos que se ha abstenido, han apoyado la tramitación de la propuesta, que cuenta con el respaldo del ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Asociaciones, colegios profesionales y abogados llegaron a convocar encierros en marzo en protesta por la decisión de la Dirección General de Tributos del Ministerio de Hacienda de descontar el 21 % de IVA a los abogados y procuradores que prestan el servicio público a los beneficiarios de justicia gratuita.

Hacienda lo justificó en aplicación de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que analizó únicamente el sistema belga, que entiende que este servicio es voluntario y está sujeto a remuneración, por lo que no cabe la exención del IVA.