QUEJAS CONTRA UNA INFRAESTRUCTURA

Fomento y el Govern solo pactan estudiar soluciones para la N-340

Un grupo de vecinos corta el tráfico en Camarles el pasado sábado, en protesta por los repetidos accidentes mortales en la N-340.

Un grupo de vecinos corta el tráfico en Camarles el pasado sábado, en protesta por los repetidos accidentes mortales en la N-340.

SILVIA BERBÍS / TORTOSA

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Las medidas "concretas e inmediatas" que reclaman los alcaldes de las Terres de l'Ebre para acabar con la siniestralidad disparada en la carretera N-340 tendrán que esperar. Más allá de coincidir en el diagnóstico, que es la elevada concentración de camiones en los tramos donde no se ha construido la autovía A-7, el Ministerio de Fomento y la Generalitat no acordaron, en la reunión celebrada ayer en Madrid, ninguna solución a implementar de forma urgente. Este año ha habido 17 muertes en este punto negro de la red viaria catalana. La ministra Ana Pastor, el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar, y los 'consellers' de Interior, Jordi Jané, y de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, acordaron, eso sí, constituir un grupo de trabajo, que se reunirá el próximo lunes, para "estudiar a fondo" si el desvío de camiones hacia la autopista debe ser voluntario u obligatorio, y las bonificaciones aplicables en tales casos.

Ni Fomento se comprometió a esa obligatoriedad, que planteó el 'conseller' Vila días atrás y a la que apelan los alcaldes del Ebro y el RACC, ni la Generalitat optó por mostrar una posición beligerante en ese punto a la salida de la reunión.

Poco que esperar

Jané afirmó en ese punto que el grupo técnico de trabajo tendrá que estudiar "cómo se pueden aplicar bonificaciones" para que el tráfico de camiones que se produce en la N-340 se desvíe hacia la autopista. La densidad de tráfico pesado, que alcanza el 30% del total en algunos tramos, es un escollo que hay que resolver, coinciden las dos Administraciones. Jané reconoció que "no es posible esperar mucho tiempo más, hemos de conseguir que los camiones puedan ir por la autopista y para hacerlo tiene que haber un sistema de bonificaciones importante", afirmó. Esas compensaciones, dijo, deberán contar con el acuerdo del territorio y del sector del transporte. No concretó si se optaría por obligar a que el tráfico pesado se desvíe hacia los peajes.

Mejorar la seguridad

El secretario de Estado de Infraestructuras, Gómez Pomar, coincidió. "Hay que estudiar muy seriamente el problema del tránsito de vehículos pesados en relación al establecimiento de bonificaciones, de forma que sea posible su desplazamiento a la circulación por la autopista", señaló. En la citada reunión también se plantearon otras medidas a aplicar para reducir el riesgo de accidentes en la N-340, como la mejora de las conexiones entre el final de la autovía y la autopista, y mejoras en la señalización que favorezcan la seguridad.

El responsable de Interior, Jordi Jané, reconoció, no obstante, que cualquiera de esas medidas será un "parche" de urgencia previo a la solución definitiva, que es, insistió, la construcción de los tramos pendientes de la autovía A-7. El 'conseller' Jané consideró "una realidad inaceptable" que la N-340 no esté aún desdoblada y reclamó finalizar lo que ya figura en los proyectos de presupuesto pero no acaba de realizarse en el plazo previsto. "No podemos tener una carretera en la que este año han perdido la vida 17 personas, 13 de ellas en las Terres de l'Ebre", dijo.

La gratuidad para el tráfico interno que reclaman los alcaldes y vecinos de las Terres de l'Ebre no se abordó públicamente tras la reunión con la ministra Pastor. El tema quedó aplazado hasta el encuentro que está previsto convocar el próximo lunes. La falta de concreciones en el encuentro de ayer no se aviene a las exigencias de soluciones "inmediatas" que pidieron los alcaldes. Ferran Cid, de El Perelló, el municipio donde se han registrado los dos últimos accidentes que registraron cuatro muertos, calificó el encuentro entre Foment y la Generalitat de "pérdida de tiempo y desconsideración" hacia los habitantes de la zona. Los 52 alcaldes de las Terres de l'Ebre serán citados a una reunión este miércoles para abordar la situación.