La CUP reclama la retirada de la pensión vitalicia de los agentes condenados Víctor Bayona y Bakari Samyang

El diputado de la CUP Quim Arrufat ha asegurado este martes que su partido estudia "la forma más efectiva" de llevar al Parlament el 'caso 4F', narrado en el documental 'Ciutat morta', para exigir responsabilidades. Ha reclamado además la retirada de la pensión vitalicia a los agentes Víctor Bayona y Bakari Samyang, principales testigos de la acusación y condenados por falso testimonio en otro caso. El partido también ha exigido que se le retiren las condecoraciones al exresponsable de Información de la Guardia Urbana Víctor Gibanel.

La difusión por El 33 del documental 'Ciutat morta' se ha convertido en el elemento catalizador necesario para hacer que los partidos políticos hayan tomado una posición clara en el debate. Al margen de la CUP, que siempre ha respaldado a los condenados, el resto de partidos se han visto obligados ante la notoriedad pública del caso a reaccionar de manera más o menos rápida. La cercanía de los comicios municipales ha facilitado esa reacción ante unos hechos que enturbian de manera grave la imagen de Barcelona, actualmente muy sensible al sector turístico.  

La situación ha sido aprovechada por la CUP para realzar su protagonismo en la batalla política municipal. En una entrevista con TV3 este martes, Arrufat ha defendido la creación de una comisión de investigación en el Parlament como un instrumento más para que se repare el daño causado. La formación ha mostrado su repulsa por la "instrumentalización mediática y política de algunas formaciones políticas", que piden responsabilidades ahora pero que, en su opinión, no actuaron cuando estaban en el Gobierno.

LA POSICIÓN DE LA FISCALÍA

Arrufat ha criticado que la fiscalía de Barcelona no vaya a actuar de oficio para reabrir el caso, y ha considerado que "insiste en que la tierra es plana cuando se ha demostrado que su postura no tiene ninguna coherencia". Sobre el resto de partidos con representación en el Ayuntamiento, ha asegurado que hay "cero ganas políticas de reabrir el caso", ya que ha indicado que el 4F tiene responsabilidades políticas en el anterior Gobierno municipal, en la Guardia Urbana y en la Justicia.

El diputado ha añadido que conocer la verdad sería un "homenaje y reconocimiento a la primera víctima", el agente de la Guardia Urbana que quedó tetrapléjico tras recibir un fuerte golpe en la cabeza.

EL PAPEL DE LA JUEZA

Además, la CUP ha destacado el papel destacado en el caso que ha tenido la magistrada Carmen García Martínez. El partido considera que debe ser expulsada de sus funciones al haber "sostenido el montaje", y reclama la inhabilitación de los miembros del Tribunal Supremo que trabajaron en el caso por considerarles encubridores.

UNA NUEVA INSTRUCCIÓN DEL CASO

La clave ahora es que se produzca una reapertura que permita una nueva instrucción. Ese paso permitiría la revisión de los testigos comparecientes en la causa, con la incorporación de otros que en su momento no participaron en el juicio, como el exalcalde Joan Clos, el responsable de información de la Guardia Urbana en el 2006, Víctor Gibanel, los que participaron en las tareas de limpieza de la zona, etcétera. La reapertura del caso permitiría también la incorporación de un nuevo testigo que asegura conocer que efectivamente fue un tiesto lo que causó las heridas al agente Juan José Salas, según afirma la defensa de los condenados. En ese caso, la responsabilidad también sería del Ayuntamiento de Barcelona como propietario del inmueble. Se vislumbra al final. La reclamación de una compensación económica que en ningún caso suaviza el drama personal vivido por los protagonistas del 'caso 4F'. Tras la emisión del documental existe un gran consenso en la opinión pública en la necesidad ofrecer la mayor transparencia a unos hechos que han permanecido en la sombra demasiado tiempo.