Torpedo contra un derecho

Casi 106.000 abortos hechos el año pasado serían ilegales con la reforma

EL PERIÓDICO
MADRID

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la restrictiva y polémica ley  que prepara Gallardón habría dejado en la ilegalidad y abocado a la clandestinidad o al éxodo a otros países a 105.691 mujeres de las 112.390 que en el 2012 abortaron en España. Se trata de las 102.567 que interrumpieron su embarazo dentro de las 14 primeras semanas de gestación por voluntad propia y de las 3.124 que lo hicieron por anomalías fetales graves. Juntas suman el 94% de las mujeres que abortaron. Además, las 6.372 que lo hicieron por riesgo de la salud materna tendrían que haberse sometido a una carrera de obstáculos legales y médicos (certificado de dos facultativos) e ideológicos (periodo de reflexión de siete días) para justificar «grave peligro para la vida o salud física o psíquica de la mujer» durante las primeras 22 semanas de gestación. Este supuesto, con sus trabas, y el de violación son los únicos que mantiene la reforma.

Colectivos de médicos y la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del Embarazo (ACAI) hicieron ayer estas advertencias al conocerse los datos del Ministerio de Sanidad, que muestran un descenso de los abortos del 5%, de 118.359 en el 2011 a 112.390 en el 2012. Su titular, Ana Mato, se ha resistido a hacerlos oficiales -esperaba a Nochevieja- porque no justifican una ley tan regresiva como la de Gallardón. Además, los datos tiran por tierra el pronóstico del PP de que la ley actual, promulgada por el Ejecutivo de Zapatero, provocaría un «efecto llamada», sobre todo en las menores.

DESCENSO A PESAR DEL PP / Con esta norma, que según la portavoz del PP de Igualdad, Sandra Moneo, era un «reflejo de los regímenes totalitarios de Europa del Este», los abortos han descendido en todas las comunidades autónomas, salvo en Asturias, donde subieron un 1,3%. La bajada se produjo en todas las franjas de edad, incluidas las menores.

Los expertos reconocieron que en el descenso han podido influir la bajada de la población femenina en edad fértil y de inmigrantes, pero subrayaron que la caída habría sido mayor si el Gobierno no hubiera laminado la estrategia de la ley actual para combatir los embarazos no deseados, la educación sexual en el cole y la financiación de los anticonceptivos. Por ejemplo, Sanidad dejó de financiar en agosto ocho anticonceptivos de última generación.

Especialistas como la ginecóloga de planificación familiar Isabel Serrano recordaron ayer la constatación de la OMS de que restringir el aborto solo conlleva clandestinidad y muerte materna. «Los países donde hay leyes más resctrictivas -remarcó- registran más abortos y más peligrosos porque se hacen de forma oscura y clandestina». Yolanda Besteiro, presidenta de la Federción de Mujeres Progresistas, puso el caso de Holanda, uno de los países con menor número de abortos y la ley más permisiva pero acompañada de una estrategia de salud sexual.

Diego Fernández, director de la madrileña Clínica Dator, pionera y una de las principales en la práctica de abortos, calculó que, aparte del veto del aborto libre, las trabas legales retardarán las posibles interrupciones entre tres y cuatro semanas. «Eso -advirtió- supone mayor riesgo. Y es una invitación a que la que tenga medios viaje al extranjero y la que no, recurra al aborto ilegal».

A LA CÁRCEL / Otro aspecto que indigna a los médicos es el periplo que espera a la mujeres que deseen abortar legalmente. «Para los psiquiatras es una aberración custodiar la moral de una minoría religiosa y diagnosticar afecciones psíquicas que se producen, precisamente, cuando una mujer quiere abortar y se lo prohíben», denunció la presidenta de ACAI, Francisca García. Recordó que los médicos se expondrán a tres años de cárcel y seis de inhabilitación si sus informes «no se adecuan a la ideología de los autores de la ley».