El Gobierno rechaza otorgar un trato de favor a Eurovegas

Balón al suelo. La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, impuso ayer la calma y rebajó, de un plumazo, los entusiastas pronósticos hechos por algunos responsables del Gobierno de la Comunidad de Madrid, que en las últimas semanas se habían mostrado convencidos de lo fácil que iba a ser aplicar las exenciones legales y fiscales que reclaman los promotores del macroproyecto Eurovegas para propiciar su implantación en esa comunidad.

La misma presidenta Esperanza Aguirre había llegado a aventurar que la actual sintonía entre los gobiernos central y madrileño podía facilitar mucho las cosas en favor de su candidatura, mientras que su consejera de Presidencia, Regina Plañíol, no veía obstáculo en modificar, llegado el caso, alguna que otra norma urbanística. Se las prometían muy felices.

Pero ayer Sáenz de Santamaría no dejó lugar a dudas. De entrada, recordó que son los empresarios quienes deciden dónde instalarse, para agregar, a continuación, que eso solo se podrá hacer mientras «cumplan con los requisitos necesarios para poner en marcha una empresa en España». La vicepresidenta recalcó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que España tiene unas «normas, que en sus principios básicos tienen que ser respetadas», y recordó las palabras del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en referencia a la existencia de unas normas fiscales que tienen que cumplirse.

Sáenz de Santamaría no quiso entrar en la opinión que le merece al Ejecutivo la posible construcción del macrocomplejo, que (si se acabaran aceptando las exigencias de su promotor, el magnate estadounidense Sheldon Adelson) obligaría a permitir a este el incumplimiento de al menos tres leyes estatales: el Estatuto de los Trabajadores, la ley antitabaco y la de extranjería.

Aún en Madrid, el vicepresidente regional, Ignacio González, aseguró ayer mismo que siguen adelante las negociaciones con los empresarios americanos en favor de la opción madrileña. La operación, indicó González, está ahora en manos de los responsables en inversiones exteriores del Ministerio de Economía.

González insistió en que Madrid ya habló sobre este asunto con el Gobierno español cuando estaba en manos del PSOE e indicó que ahora el proyecto está en el Ministerio de Economía, que se ocupa «de las cuestiones que afectan al Estado». Reiteró, una vez más, que la Comunidad de Madrid sigue «muy interesada» en albergar el complejo de ocio y negocios, y aseguró que los inversores muestran «preferencia» por ubicarlo en esta región.

Mientras, en Catalunya, el grupo ecologista Les Agulles, asociado con Ecologistas en Acción, pondrá en marcha este lunes una campaña de recogida de firmas para mostrar su oposición al proyecto Eurovegas. La acción se completará con el envío de una carta al presidente de la Generalitat, Artur Mas, y a los alcaldes de las cuatro poblaciones donde la Generalitat ha escogido terrenos para ofrecer a Eurovegas (Gavà, El Prat, Abrera y Montcada i Reixac) reclamándoles que expresen también su rechazo a la iniciativa, explicó el portavoz de Ecologistas en Acción en el Baix Llobregat, Jaume Grau.

También los payeses de la comarca, con una importante producción hortícola, mostraron su inquietud. «Tememos lo peor: que nos quiten la tierra y que, encima, nos expropien por interés general, lo que significa que nos pagarán por el suelo un precio mínimo, se lamentó ayer Miquel José, de Unió de Pagesos.