Zapatero reconoce que todos los gobiernos aceptaron el «chantaje»

Pocos días después de ser nombrado titular de Fomento, en abril del 2009, José Blanco se acercó al presidente del Gobierno con un informe sobre las condiciones laborales de los controladores. Según explicó ayer José Luis Rodríguez Zapatero en el Congreso, en un debate sobre el reciente caos aéreo en el que la oposición arremetió contra el colectivo pero también acusó al Ejecutivo de «imprevisión», esto fue lo que se dijeron el uno al otro:

«Es intolerable», señaló Blanco.

«Va a ser una batalla dura», le contestó Zapatero.

«Lo sé, pero no puedo tolerar que los controladores aéreos tengan estas condiciones laborales y utilicen el chantaje que utilizan».

La anécdota pretendía ensalzar al actual ministro, y sin duda tuvo ese efecto, pero vino precedida de una censura a todos los titulares de Fomento y gobiernos anteriores. A todos sin excepción, incluido el Ejecutivo del propio Zapatero en general y la antecesora de Blanco, Magdalena Álvarez, en particular. Porque antes de reproducir el diálogo que mantuvieron hace más de año y medio, el presidente había dicho: «Todo el mundo sabe que los sucesivos gobiernos han tenido que soportar, y los ciudadanos doblemente, que los controladores no hayan convocado nunca una huelga conforme al ordenamiento, que hayan provocado retrasos, suspensiones, daño y malestar. Y todos los ciudadanos han vivido cómo todos los gobiernos han ido bandeando la situación y aguantando hasta que ha llegado un ministro que se llama José Blanco».

LAS RAZONES / Zapatero reconoció su parte de responsabilidad en las extraordinarias prerrogativas laborales del colectivo, algo que nunca antes había admitido, cuando faltaban pocos minutos para que acabase la sesión. En sus dos intervenciones previas ofreció su versión de por qué los controladores habían llegado al plante «súbito, masivo y simultáneo» en «abierta rebeldía contra el Estado de derecho» y por qué el Ejecutivo había respondido con la movilización y adscripción al Ministerio de Defensa de los gestores aéreos, primero, y con la declaración del estado de alarma, después.

Según el presidente, el motivo del paro salvaje se encuentra única y exclusivamente en los «privilegios» de los controladores, atesorados con la ayuda de los gobiernos y comenzados a erradicar a través del decreto aprobado en febrero, que aumentó su jornada de 1.200 horas anuales a 1.670 y rebajó su sueldo medio de 350.000 euros al año a 200.000. Solo que el colectivo, continuó Zapatero, encontró una forma de burlar esta medida al contar los permisos -sindicales, por enfermedad, etcétera- como horas aeronáuticas, por lo que en muchos casos agotaron su jornada antes del final del 2010. Y entonces, el pasado viernes, el Ejecutivo aprobó un decreto que «aclaraba» que tal cosa no podía hacerse.

Los controladores dejaron entonces sus puestos y el Gobierno respondió con el traspaso de la competencia sobre las torres de control de Fomento a Defensa. Al no reestablecerse así la normalidad en los cielos, hubo que declarar, por primera vez en democracia, el estado de alarma. Para Zapatero, no había otra alternativa. «El Gobierno agotó sus posibilidades de actuación mediante medios menos excepcionales», dijo. Y ahora dicho estado se prolongará mientras sea necesario «para que una situación como la vivida no vuelva a repetirse». El Gobierno tiene hasta el martes para decidir si pide al Congreso una prórroga.

UN 8,8% MENOS / Rajoy desea que cuanto menos dure la alarma, mejor. El líder del PP delimitó responsabilidades en este conflicto. «Ustedes dañaron al conjunto de los ciudadanos por su actuación inicial y luego los que hicieron el daño de verdad fueron los controladores», sostuvo durante su intervención, en la que acusó a Blanco de trabajar como titular de Fomento «a tiempo parcial» y al Gobierno de no haber hecho nada para desatascar el conflicto hasta que ya era tarde -«¿a quién se le ocurrió la brillante idea de aprobar un decreto como este en vísperas del puente más importante del año?», preguntó-, así como de no convocar en los últimos años tantas plazas de controladores como exigía el aumento del tráfico aéreo en España. Esto fue lo que más debió herirle a Zapatero, porque después le dijo a Rajoy que el colectivo realiza ahora un 8,8% menos de operaciones que en el 2009, y que con palabras así el líder de la oposición estaba «defendiendo a quienes no han querido acatar la ley».

Los grupos catalanes, más allá de cargar contra el colectivo y respaldar el estado de alarma, fueron por otro lado. Tanto Josep Antoni Duran Lleida, de CiU, como Joan Ridao, de ERC, sostuvieron que la causa última de este conflicto había que buscarla en el modelo aeroportuario «centralizado». Zapatero les contestó que eso no tenía nada que ver.