BALANCE DE 2017
Rajoy activa el Parlament y acelera las decisiones sobre la investidura
Gemma Robles
Directora de Red de Contenidos de Prensa Ibérica
Rosa María Sánchez
Redactora jefe
Premio Carlos Humanes de Periodismo Económico 2020. Máster Universitario en Investigación en Periodismo por la Universidad Complutense, en 2023. Profesora en el Título de Postgrado Especialista en Información Económica de la Universidad Nebrija. Colaboradora en RNE.
Gemma Robles
La puesta en marcha de la legislatura catalana ya tiene fecha. Será el próximo 17 de enero cuando se constituya su Parlament. Y cuando, por tanto, haya que elegir quiénes integran la nueva Mesa de la institución y quién la preside, la primera decisión conflictiva en una Cámara donde a priori los independentistas tienen la mayoría, pero también una complicadísima situación porque varios de sus potenciales diputados están encarcelados o huidos. La fecha ha sido propuesta por el Gobierno central, que sigue llevando las riendas de Catalunya con el artículo 155 de la Constitución y le fue comunicada por la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, a los distintos grupos. En el caso de los independentistas, a Marta Rovira y Joan Tarda por parte de ERC y Carles Campuzano por JxCAT. A la CUP se la dejó fuera.
Según el Ejecutivo central, ninguno de los interlocutores se opuso a la propuesta que llegó desde Madrid. Eso pese a que supone no agotar el margen existente –había hasta el 23 de enero para poner en marcha la Cámara¬- y forzar al independentismo a acelerar los acuerdos o la fractura interna: la decisión sobre si formaliza la candidatura de Carles Puigdemont, ahora en Bruselas y con peligro de ser detenido si pisa suelo español, o se buscan alternativas tendrá que ser inminente una vez constituido el Parlament. "Lo normal es que en el plazo de 10 días se produzca la sesión de investidura si hay candidato", avisó Rajoy desde La Moncloa.
Un 2017 "muy complicado"
Además, fuentes gubernamentales subrayan que si realmente están pensando en intentar forzar el reglamento para que Puigdemont pueda ser investido telemáticamente, "cuanto antes, mejor", puesto que para ello necesitarían una mayoría de diputados. Se da la circunstancia de que actualmente hay tres en prisión (Oriol Junqueras, Joaquim Forn y Jordi Sánchez) y cinco en Bélgica para evitar los tribunales españoles. De entrada, los tres que están encarcelados –Junqueras comparecerá de nuevo ante el juez el 4 de enero para que se revise su situación- tendrán que pedir permiso al Tribunal Supremo para poder acudir a cualquier Pleno. Si no obtuvieran luz verde judicial, la opción que les quedaría a sus partidos es ordenar que corra lista y buscarles sustitutos.
Durante su comparecencia ante los periodistas, Rajoy incidió en que sean los que sean los integrantes del próximo Govern deberán señalar sus prioridades "dentro de la ley". Tras descartar por "absurdo" que pueda haber una investidura telemática, un president "desde el extranjero" y desear que «cuanto antes» se normalice la situación en Catalunya, puso un aviso sobre la mesa: no aceptará más"chantajes" o intentos de "unilateralidad".
En el tradicional balance del año legislativo, Rajoy repasó las novedades de un 2017 "muy complicado" en lo económico, lo político y lo social pero dijo tener razones para ser "moderadamente optimista" en el próximo ejercicio, a pesar de que la crisis catalana sigue en el horizonte. El presidente insistió en que su gabinete, que no tiene intención de remodelar pese a que haya voces en el PP que lo reclamen tras el fiasco electoral del 21-D, cuenta con planes legislativos ambiciosos, incluyendo nuevos presupuestos si la oposición le da apoyo para ello. Eso sí, obvió mencionar la corrupción como uno de los asuntos relevantes de 2017 y, a preguntas de la prensa, se limitó a decir que apoyará cualquier medida que en este sentido planteen otros.
La oposición
Los principales partidos de la oposición ni siquiera esperaron a escuchar a Rajoy para hacer su propio balance. De los líderes, solo Albert Rivera quiso comparecer. Tanto Pedro Sánchez como Pablo Iglesias delegaron en sus subalternos, una coincidencia que también se plasmó en parte de los argumentos del PSOE y Podemos. Socialistas y morados atacaron al presidente por el flanco social, la crisis territorial y la corrupción, mientras que Rivera se presentó como el artífice de un presunto «giro» por parte del PP en sus políticas económicas, hasta el punto de asegurar que se había acabado "con los recortes".
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