EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

Rajoy toma el control de los Mossos d'Esquadra

Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero.

Joaquim Forn y Josep Lluís Trapero. / periodico

Guillem Sànchez

Por qué confiar en El PeriódicoPor qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El Gobierno español ha arrebatado a la Generalitat el control de los Mossos d’Esquadra y ha fulminado a toda la cabeza política de la policía catalana. 

En aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Ejecutivo de Mariano Rajoy ha retirado las competencias previstas en el Estatut d'Autonomia. Concretamente las del punto 164, que otorgan al Gobierno catalán "el mando supremo de los Mossos". El presidente español, además, ha aclarado que entre el centenar de cargos que ha dejado sin funciones están todos los que integran la línea de mando político en materia de seguridad de la Generalitat. Estos son el 'president', Carles Puigdemont; el 'conseller' de Interior, Joaquim Forn; el secretario general, César Puig, y el director general, Pere Soler. Los cuatro son los responsables que, en representación de la sociedad catalana, capitanean a los Mossos. Todos han sido cesados.

De este modo, y según la ley española, a partir de este sábado los Mossos ya no podrán escuchar ninguna orden política por parte de representantes de la Generalitat porque pasarán a recibir las "instrucciones directas" y de "obligado cumplimento" por parte del Gobierno español.

Trapero, en la cuerda floja

Con el descabezamiento político de los Mossos, sin embargo, podría no terminar la lista de cargos afectados por la aplicación del 155. Todo apunta a que el mayor Josep Lluís Trapero, el jefe policial del cuerpo catalán, también será relevado en sus funciones. Trapero se encuentra imputado por sedición por la Audiencia Nacional por -supuestamente- no garantizar la seguridad de la comitiva judicial que entró en la Conselleria de Economia tras detener a 14 altos cargos catalanes que estaban preparando el referéndum secesionista. También está señalado por parte de todas las autoridades españolas como el culpable de la -también supuesta- estrategia de desobediencia seguida por parte de los Mossos durante esta consulta.

Los problemas del mayor no acabarían con la inhabilitación, puesto que está inmerso en la causa que instruye la magistrada Carmen Lamela desde Madrid y, en los próximos días, probablemente pasará a estar también investigado por todo lo que concierne al dispositivo desplegado durante el referéndum. "Es un hombre comprometido con el cuerpo, no se merece todo lo que le va a caer encima", le defiende resignado un mando de los Mossos.

Una opción que estudia el Gabinete de Rajoy, que lleva días tanteando a la persona idónea para substituirle si así se acordara hacerlo, es apostar por otro comisario integrante del mismo cuerpo. Internamente los rumores circulan desde hace días dentro del cuerpo catalán. Y, a pesar de que no hay nada oficial ni mínimamente contrastable, uno que suena con fuerza en las quinielas es Josep Milán, un comisario que ya estuvo al frente de la policía catalana entre el 2008 y el 2013, cuando fue substituido precisamente por Trapero.

Despliegue de la policía española

Según lo aprobado por el Senado, y ya publicado en el 'BOE', el Gobierno español podrá desplegar a la Guardia Civil y al Cuerpo Nacional de Policía -no a las fuerzas armadas- para "coordinar" a los Mossos dentro de Catalunya, que mantendrán todas sus competencias. Si fuera "necesario", matiza, podrá incluso substituir efectivos catalanes -los que estime oportunos- por agentes de los dos cuerpos de seguridad estatales.

Sanciones por incumplimiento

La principal duda entre los agentes de los Mossos atañe a las consecuencias que podrían recaer sobre ellos en caso de no acatar órdenes que reciban por parte del nuevo organismo político. El texto del Senado incluye que los policías que las "incumplan" podrán ser "sancionados disciplinariamente", según se contemple en su ordenamiento interno. Pero recibir castigos -de suspensión de empleo y sueldo, por ejemplo- no supondrá quedar exento de ser procesado penalmente.