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varapalo europeo al Gobierno

El Consejo de Europa pide una investigación rápida e independiente sobre el uso de la fuerza el 1-O

El comisionado de derechos humanos, Nils Mulznieks, recuerda a Juan Ignacio Zoido que el uso de pelotas de goma supone un "claro peligro"

Silvia Martinez / Bruselas

Carga policial en Barcelona el 1-O. / AP / MANU FERNÁNDEZ (AP)

Carga policial en Barcelona el 1-O.
San Julià de Ramis, el 1-O.

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Las imágenes de la represión policial y las acusaciones del uso desproporcionado de la fuerza durante la jornada del 1-O han llegado a la mesa del comisionado de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muznieks. Responsable de velar porque se respetan los estándares en materia de derechos humanos este lunes ha hecho pública una misiva en la que pide al Gobierno español una investigación "independiente" y "efectiva" sobre lo ocurrido el domingo 1 de octubre.

"Entiendo plenamente las dificultades que tienen los oficiales de policía para hacer su trabajo en la tensa situación que existe en Catalunya" pero "quiero subrayar que es de extrema importancia asegurar que los oficiales que deben hacer cumplir la ley reciben instrucciones claras sobre la necesidad de actuar con restricción y en un uso proporcionado de la fuerza, incluidas las armas antidisturbios", advierte Mulznieks en la carta de dos páginas remitida el pasado 4 de octubre a ministro Juan Ignacio Zoido.

Mulznieks, que dice haber seguido atentamente todos los acontecimientos de los últimos días en Catalunya, ha recibido informes y quejas sobre la utilización "desproporcionada de la fuerza contra manifestantes pacíficos y personas que estaban ejerciendo una resistencia pasiva" en calles, en las cercanías de los colegios electorales designados por la Generalitat e incluso dentro de los mismos.

También sobre el uso de pelotas de goma por parte de las autoridades españolas que ha sido denunciado por Amnistía Internacional y otras organizaciones. "En mi informe de 2013 subrayé que uso de este tipo de armas supone un claro peligro para la seguridad de los manifestantes como han puesto de manifiesto acontecimientos fatales del pasado", recuerda.

En este sentido, urge a Zoido a poner en marcha, en cooperación con otras autoridades responsables de garantizar el cumplimiento de la ley, "una investigación rápida, independiente y efectiva" sobre las alegaciones entorno al uso desproporcionado de la fuerza durante el 1-O en Catalunya. Es de vital importancia, dice el comisionado de derechos humanos, tanto para disuadir de cualquier nueva mala conducta de la policía como para prevenir una escalada de las tensiones y la violencia. Es más, subraya Mulznieks, garantizar que "cualquier conducta inadecuada rinde cuentas es esencial" para preservar la confianza de la opinión pública en el trabajo de las autoridades públicas. 

Como ya hiciera en su informe del 2013, el comisionado de derechos humanos también insta al Gobierno español a crear un mecanismo independiente para canalizar las quejas relativas a las malas prácticas policiales, bien ampliando las competencias del defensor del pueblo español o creando un nuevo organismo. 

Zoido se defiende

En la respuesta remitida por el ministro de interior, el pasado 6 de octubre, Zoido rechaza las alegaciones de un uso desproporcionado de la fuerza y defiende la actuación policial. “Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado siguiendo instrucciones del Poder Judicial actuaron prudente, apropiada y proporcionadamente con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la ley y la protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos”.

Es más, argumenta el ministro, la respuesta policial no solo estuvo motivada por “la manifiesta ilegalidad del pretendido referéndum sino también por la absoluta falta de respeto por los estándares democráticos más básicos requeridos para una consulta de esas características”. Zoido advierte también al comisionado de derechos humanos que las actuaciones policiales no estuvieron dirigidas contra los ciudadanos y sus ideas sino que buscaron la no celebración de la consulta.

Alerta de que “ninguna democracia consolidada puede aceptar un desafío a su orden constitucional y a su integridad territorial que busque la imposición por la fuerza de un proyecto de ruptura” y avisa de que una comunidad en la que prevalece el estado de derecho “no puede aceptar el comportamiento antidemocrático de unos pocos que ignoran los derechos de los demás”.

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