El Govern guardaba la DUI en la recámara desde el 2014

Los planes del Govern para culminar el 'procés' han seguido al pie de la letra lo pronosticado por el Consell Assessor per a la Transició Nacional (CATN), el órgano consultivo que fabricó el 'expresident' Artur Mas para idear las estructuras de Estado y diseñar la logística para realizar el proceso participativo del 9-N. En un informe de octubre del 2014, este grupo de académicos no solo estudió la supervivencia de la consulta fechada para el mes siguiente, sino que, además, entrevió el 1-O, considerando la posibilidad de convocar un referéndum que bautizaron como "alegal" promovido por "poderes públicos o por organizaciones privadas con el apoyo indirecto" de las instituciones catalanas. Y no solo eso, también contemplaron la controvertida posibilidad de declarar unilateralmente la independencia de Catalunya.

En el texto, el grupo presidido por el exmagistrado del Tribunal Constitucional (TC) y director del Institut d'Estudis de l'Autogovern Carles Viver Pi-Sunyer defendió esa posibilidad "en caso de bloqueo de las vías legales", pero censuró que "no debería ser nunca una reacción apresurada". Una declaración que, según estos expertos, se podría emprender por dos vías: "Después de unas elecciones plebiscitarias", para implementar sus resultados, o bien, antes de estos comicios, "como una toma de posición del Parlament a ratificar posteriormente a través de una consulta".

La legitimidad de la DUI

La DUI desborda el ordenamiento jurídico constitucional, por lo que la mera declaración no supone la creación de una nueva legitimidad. Conocedores de ese hecho, y en base a los dos senderos para proclamarla, los miembros del CATN buscaron el aval que otorga este principio que reconoce el poder político ejercido por las instituciones. "La legitimidad política de la DUI posterior a unas elecciones democráticas se basa en la legitimidad democrática del nuevo Parlament", resolvieron sobre el primer escenario. Y, en el caso de que esa declaración no sea resultado de lo escrutado en unas elecciones, la consideraron igualmente legítima "si es consecuencia de haber empleado el Estado instrumentos jurídicos para impedir unas elecciones plebiscitarias o haber adoptado actitudes de bloqueo a la hora de implementar los resultados de una consulta legal".

La inspiración de Kosovo

El blindaje de la Constitución y los sucesivos portazos a la negociación de un referéndum pactado con el Estado para incluir los planes del Ejecutivo de Carles Puigdemont han redirigido la búsqueda de amparo legal en el derecho internacional, que se mueve en unos marcos más elásticos a la hora de interpretarse. De ahí las reiteradas aseveraciones del 'vicepresident' Oriol Junqueras, obcecado en señalar que "no hay ningún órgano político que pueda suprimir el derecho internacional".

Conscientes de estas ventajas, los miembros del órgano consultivo del Govern buscaron precedentes para asentar su postura y se fijaron en Kosovo como referente, escudándose en que la Corte Internacional de Justicia, máxima instancia judicial de la ONU, avaló en el 2010 la DUI de ese territorio. Evidentemente, los altos cargos catalanes salvaron las distancias con aquel país en cuanto a su consecución como república forjada tras una cruenta guerra.

Porque Kosovo no es Catalunya. El país balcánico se había despojado de toda vinculación administrativa con Serbia y la ONU asumió su gestión desde 1999 para construir su propia burocracia. Por ello, los Veintisiete dejaron claro en el 2008 que la declaración kosovar suponía un caso 'sui generis' "que no sentaba ningún precedente", aunque, de todas formas, España fue uno de los cinco países que se opuso a reconocer dicha declaración. "Nuestra posición es clara, no reconoceremos la declaración unilateral", sentenció el entonces ministro de Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, alegando que no se cumplía con "una base legal internacional".

De todas formas, el informe del CATN insiste en que el derecho a la autodeterminación y a la secesión se avala en el derecho internacional "sin que eso suponga cometer una infracción" y "sin que la invocación del principio de integridad territorial del Estado matriz, ni la supremacía de la Constitución puedan servir como argumentos para tachar de ilícitas" las DUI. Pero lo cierto es que el dictamen del Tribunal de La Haya avanza que no permite una declaración de independencia que contravenga la Constitución y reitera que Kosovo es una excepción.