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EL ÓRDAGO INDEPENDENTISTA

El Gobierno central activa la vigilancia en los ayuntamientos contra el referéndum unilateral

La secretaría para las Administraciones Territoriales pide por carta la "colaboración" de secretarios e interventores para garantizar el "respeto a la legalidad"

Ofrece su "apoyo" ante "las eventuales dudas o incertidumbres" que puedan surgir

RAFA JULVE / BARCELONA

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El secretario de Estado para las Administraciones Territoriales, Roberto Bermúdez de Castro, junto con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el ministro Cristóbal Montoro, en el último CPFF. / EFE / BALLESTEROS

La estrategia del Govern de JxSí de intentar extender el compromiso con el referéndum unilateral más allá del Ejecutivo de la Generalitat con la implicación de los ayuntamientos soberanistas se ha encontrado con una pronta réplica por parte del Gabinete de Mariano Rajoy. El secretario de Estado para las Administraciones TerritorialesRoberto Bermúdez de Castro, ha enviado este martes más de 1.500 cartas a los funcionarios que están a su cargo en las 993 entidades locales de Catalunya, unas misivas en que les pide su "colaboración" para garantizar "el respeto a la legalidad" ante cualquier intento de las corporaciones municipales o supramunicipales de impulsar acciones que permitieran celebrar el plebiscito del 1-O. 

El texto, al que ha tenido acceso este diario, va dirigido a los 947 ayuntamientos, las cuatro diputaciones provinciales y los 42 consejos comarcales de Catalunya. Más concretamente, los destinatarios son tanto los secretarios (que deben garantizar el cumplimiento de la ley en lo jurídico) como los interventores (encargados de vigilar la normativa económica y financiera), aunque en el caso de los municipios de menos de 500 habitantes estas dos figuras recaen en la misma persona.

"EL ADECUADO DESTINO DE LOS FONDOS PÚBLICOS"

En el escrito, Bermúdez de Castro subraya que la convocatoria de un referéndum de independencia por parte del 'president' Carles Puigdemont "atenta" contra la Constitución y el Estatut, como "lo ha señalado el Tribunal Constitucional", que "ha prohibido expresamente la continuación del denominado proceso constituyente en Catalunya y de cualquier acto preparatorio de dicho referéndum". Basándose en esto y reiterando a los destinatarios su estatus de funcionarios del Estado, el secretario para las Administraciones Territoriales recuerda a los secretarios e interventores su obligación de "respetar la legalidad constitucional y estatutaria" y de actuar para que esta se cumpla. "Recabamos su colaboración para asegurar dicho cumplimiento en la entidad local en la que usted presta sus servicios, así como preservar el adecuado destino de los fondos públicos", afirma.

Asimismo, Bermúdez de Castro brinda a los destinatarios "toda la colaboración y apoyo [de la Administración General del Estado] frente a las eventuales dudas o incertidumbres que le pueden surgir en el desempeño de sus funciones a fin de evitar cualquier actuación de la corporación municipal que pueda suponer una contravención de esos pronunciamientos o un incumplimiento de las advertencias del propio Tribunal Constitucional".

La formación del censo de posibles votantes, la exposición de listas de consulta, la determinación de mesas electorales, la dotación de medios a las juntas de zona, la reserva de lugares públicos para actos de campaña, la designación de locales electorales, el almacenamiento y distribución electoral... La carta detalla las diferentes actuaciones que podrían llevar a cabo los entes locales y ante las que deberían estar atentos los funcionarios, habida cuenta que "la Generalitat quiere descargar en los ayuntamientos gran parte de su responsabilidad en la organización de dicho referéndum", sostiene Bermúdez de Castro.

TAMBIÉN LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

El escrito sigue la línea de la Delegación del Gobierno en Catalunya, que ya informó la semana pasada de que emprenderá medidas contra aquellos ayuntamientos que cedan locales para el 1-O a través de demandas judiciales o con la apertura de procedimientos contencioso administrativos.

En otro frente, y aparte de los interrogatorios que ha efectuado la Guardia Civil a un funcionario, al responsable de redes sociales del Govern y a un trabajador externo a la Generalitat en relación con la web del Pacte Nacional pel Referèndum, se ha abierto una investigación sobre la campaña institucional que anima a los catalanes residentes en el extranjero a que se apunten al censo para votar el 1-O. Y además, la Fiscalía de la Audiencia Nacional envió el pasado 28 de diciembre un oficio al Servicio de Información de los Mossos d'Esquadra en el que les recordaba su obligación de actuar contra delitos como la "sedición" de acuerdo con un documento anterior, de noviembre del 2015, en el que se les daban las instrucciones a seguir.

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