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EL PULSO SOBERANISTA

Estas son las 46 peticiones de Carles Puigdemont a Mariano Rajoy

El 'president' ha solicitado una "respuesta política al mandato democrático" del 27-S

Xabi Barrena

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su cita en la Moncloa.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, y el de la Generalitat, Carles Puigdemont, en su cita de abril del 2016 en la Moncloa. / DAVID CASTRO

Es difícil que sea una casualidad. Carles Puigdemont ha trasladado este miércoles, en la reunión que ha mantenido en la Moncloa con Mariano Rajoy, un listado de 46 reivindicaciones del Govern catalán. Justo el doble de las que le entregó, el pasado 30 de julioArtur Mas. Y si su antecesor orilló, en esa ocasión, cualquier referencia explícita al procés, Puigdemont ha colocado la exigencia de una “respuesta política al mandato democrático” del 27-S en el frontispicio de esas 46 peticiones.

El ‘documento Puigdemont’ se estructura en solo cuatro bloques, frente a los seis del de Mas. El primero es la “relación Catalunya-España”, con el único punto antes citado. El segundo es “la garantía de los derechos sociales”, con 16 reivindicaciones, 11 de políticas sociales y cinco de política fiscal; los incumplimientos del Estado con Catalunya, que incluye la invasión de competencias, sería el apartado más largo, con 28 puntos y el cuarto, como el primero, de marcada carga simbólica: evitar la judicialización de la política.

1. RELACIÓN CATALUNYA -ESPAÑA.

Tras aseverar que el 27-S estableció “una mayoría en el Parlament de Catalunya favorable a la creación de un nuevo Estado para Catalunya”, el documento afirma que “es obligación, por lo tanto, de los demócratas de buscar las vías de negociación y diálogo que posibiliten dar salida a las aspiraciones democráticas de la mayoría, que puede incluir, como mínimo, la celebración de un referéndum vinculante.”

2. GARANTÍA DE LOS DERECHOS SOCIALES

En el apartado de políticas sociales, el Govern repite algunas de las exigencias de Mas, como la insuficiente financiación tanto de la ley de dependencia, como del sistema publico de salud, como la marcha atrá en la suspensión del decreto de pobreza energética de la Generalitat por parte del Tribunal Constitucional. También la denuncia de la amenaza de suspensión del mismo tribunal de las medidas urgentes aprobadas por el Parlament para afrontar la exclusión residencial supone una novedad respecto julio. Lo mismo ocurre con la personas refugiadas y el fondo de asilo, migración e integración.

En cuanto a las políticas fiscales, Puigdemont recuerda el ya caduco, por varios motivos, entre ellos el literal del modelo de financiación, aunque donde plantea batalla es en el objetivo de déficit para este 2016. Así, se afirma que la actual distribución los objetivos de déficit para este año entre las administraciones (2,5% para la central y 0,3% para las autonomías) contraviene la ley estabilidad presupuestaria. Según estos criterios el reparto deberia de ser un 1,73% para la administración central y un 1,07% de la comunidades.

También supone una novedad, porque "afecta al estado del bienestar", dice el texto, el recorte del gasto público. Un 13,7% en Catalunya, entre el 2010 y el 2015, mientras que el Estado lo ha aumentado en 10.000 millones.

El otro gran y recurrente caballo de batalla, el de los intereses del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), la Generalitat reclama que sea a tipo cero, y no al 0,83% en que se sitúa en la actualidad.

3. INCUMPLIMIENTOS CON EL ESTADO

También aquí se mezcla lo reclamado en julio, como el respeto al modelo de escuela catalana , la descentralización de la gestión del 0,7% del IRPF para fines sociales y las becas universitarias, por poner tres ejemplo, como la concreción de los casos en que la deficiente inversión del Estado es más grave, por ejemplo en Rodalies, el Corredor Mediterráneo, el Cuarto Cinturón y el desdoblamiento de la N-340 al sur y al norte de la provincia de Tarragona.

El documento no orilla ninguna de las fuentes de conflicto entre Estado y Generalitat antes incluso de que se entrara en el túnel del ‘procés’. Por ejemplo el Plan Hidrológico del Ebro y los ‘papeles de Salamanca’.

De los conflictos nacidos en esta recién nacida legislatura catalana destaca la acción exterior de Catalunya y el recurso interpuesto por el Gobierno ante el TC cuando, dice el texto “cuando hasta la fecha y en legislaturas anteriores se venían desarrollando literalmente las mismas competencias”

4. EVITAR LA JUDICIALIZACIÓN DE LA POLÍTICA

La Generalitat alude aquí solo al "respeto a la autonomía local" y evita citar a los imputados por la consulta del 9-N, es decir, Artur Mas, Irene Rigau, Joana Ortega y Francesc Homs. Así tilda de "persecución" las actuaciones de la delegación del Gobierno en Catalunya contra varios municipios catalanes "por haber manifestado su apoyo a decisiones políticas adoptadas por el Parlament de Catalunya".

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