El Constitucional permite que se celebre el pleno de la ruptura

El Tribunal Constitucional se opuso ayer a suspender el debate en el Parlament de la resolución independentista, tal y como le pidieron el PPC y Ciudadanos, por entender que corresponde a la Cámara catalana velar «porque sus decisiones se acomoden a la Constitución». Además, el alto tribunal, en un acuerdo adoptado por unanimidad, avisa de que intervendrá si no se cumple este mandato «con prudencia y determinación».

Los 11 magistrados argumentan que «el parlamento es la sede natural del debate político» y que «el eventual resultado del debate parlamentario es cuestión que no debe condicionar anticipadamente la viabilidad misma del debate».

Por ello, sostiene que no puede ejercer «un control de constitucionalidad sobre una resolución que no se ha adoptado y cuyo contenido último se desconoce», Y afirma que no puede saltarse el ordenamiento constitucional «sin desconocer el riesgo» de que finalmente se apruebe «una resolución con la propuesta tramitada». Por estos motivos, explica que el Parlament es quien debe velar por que su actuación se desarrolle en el marco de la Constitución».

Este deber de «fidelidad» a la Carta Magna, según el alto tribunal, «constituye un soporte esencial del funcionamiento del Estado autonómico». E insiste en que son los parlamentos autónomos los que deben «velar por que sus decisiones se acomoden, en todo momento, a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico».

LA ÚLTIMA PALABRA

Asimismo, los jueces del TC recuerdan que tienen «la última palabra, cuando así se le pida» como sucedió con la anulación de la declaración soberanista aprobada por el Parlament en el 2013. También advierten de que «el contenido de las disposiciones, resoluciones o actos emanados de un poder público, cualquiera que sea» no impide su intervención y avisa de que actuarán «con prudencia y determinación».

Tras esta decisión, el Tribunal Constitucional volverá a reunirse una vez que el Gobierno recurra el texto acordado por Junts pel Sí y la CUP. Esta previsto que el Ejecutivo central acuerde presentar el recurso el martes o miércoles de la próxima semana después de recibir el preceptivo informe del Consejo de Estado. El Gobierno puede celebrar una sesión extraordinaria para acordar que se impulse la demanda en la que solicitará la suspensión del acuerdo del Parlament. El TC la acordará inmediatamente.

ALEGACIONES

Antes de esta decisión, los magistrados admitieron, también por unanimidad, los recursos presentados por el PPC, PSC y Ciudadanos Y dio un plazo de 10 días a la Cámara catalana para que presente alegaciones a estas demandas. Los magistrados consideran que los recursos suscitan «cuestiones de consecuencias políticas» por ser «asuntos de especial trascendencia constitucional».