Hasta las tarjetas de visita
JESUS G. ALBALAT / BARCELONA / IOLANDA MARMOL / MADRID
8.30 de la mañana. 23 de octubre. Una secretaria judicial, cinco agentes del Cuerpo Nacional de Policía, tres informáticos forenses y el fiscal anticorrupción Fernando Bermejo se plantaron en la vivienda de Oleguer Pujol Ferrusola en la calle Teodor Roviralta de Barcelona. Esta es la crónica, basada en el acta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, del registro ordenado por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que investiga el presunto blanqueo de capitales y fraude a Hacienda en el que está implicado el hijo del 'expresident' Jordi Pujol.
La actuación policial finalizó a las 16.30 horas. Durante esas ocho horas, los agentes practicaron un minucioso registro de la residencia del benjamín de la familia Pujol Ferrusola. Se incautaron hasta de tarjetas de visita. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) tiene en su poder decenas de documentos y ordenadores. La policía rastreó, incluso, sus correos electrónicos particulares.
Lo primero que hizo la policía al llegar a la casa de Oleguer fue decirle que podía avisar a su abogado para que pudiese presenciar la entrada y registro. El hijo del 'expresident' se mostró dispuesto a colaborar en la diligencia. A las 9 de la mañana se personó en la residencia Albert Carrillo, uno de los abogados de la familia Pujol. Al poco rato llegó otro de sus letrados: Cristóbal Martell. Todo estaba listo para empezar el registro.
Sin embargo, la policía sorprendió: acordó la detención de Oleguer y le leyó sus derechos. Al acabar el registro, lo condujo a comisaría. Después de negarse a declarar, el benjamín Pujol salió en libertad.
EL PERRO JOCK
El primero en actuar fue un perro policía. Durante 20 minutos, Jock, adiestrado en la localización de billetes, se paseó por la casa. El resultado de su búsqueda fue negativo. A las 9.40, el animal salió de la casa con su policía instructor. Los agentes empezaron entonces el registro. Primero, entraron en el despacho de Oleguer. Después, en el de su esposa. Los policías se incautaron, en general, de decenas de documentos que podrían estar vinculados al entramado societario utilizado por el hijo del 'expresident'. En las carpetas figuran nombres de compañías conocidas por los investigadores, como Drago Capital, pero también de otras, alguna de ellas extranjeras, que hasta ahora no habían salido a la luz. La policía deberá aclarar si tienen algo que ver con la trama.
El acta del registro señala que se le incautó desde documentos sobre cuentas bancarias, hasta una "declaración informativa sobre bienes" situados en el extranjero y listas de "participaciones en sociedades". También se llevaron lápices de memoria, discos duros, el teléfono móvil, ordenadores portátiles, agendas, notas manuscritas y hasta hojas de papel que estaban rotas en la papelera y que los agentes reconstruyeron con cinta adhesiva, tal y como relata la secretaria judicial.
A pesar de que mucho del material encontrado es rechazado por no tener nada que ver con el proceso judicial, sorprende que la policía se incaute de "un cuaderno y hojas sueltas con documentación del Centre d'Estudis Jordi Pujol", una fundación que coordinaba las actividades de Jordi Pujol como expresidente de la Generalitat y que tenía como objetivo preservar su legado político y fomentar la ética. Esta entidad no figura, hasta el momento, en el proceso que instruye la Audiencia Nacional.
FOTOS EN LA NUBE
La policía científica analizó en la misma vivienda un ordenador portátil de Oleguer para localizar las cuentas de correo personales. Hallaron una de Hotmail y otra de Gmail. Con medios técnicos, procedieron a extraer las contraseñas de acceso a las cuentas para bloquearlas. Los agentes no consiguieron su propósito y fue el detenido quien facilitó la clave. El técnico informático la cambió para que nadie manipulase el contenido.
Los agentes accedieron también a un servicio de almacenamiento en internet (nube). Pero no se llevaron nada porque solo hallaron "fotos y alguna conversación familiar sin interés para la causa" que tramita la Audiencia Nacional a raíz de la querella de Podemos y Guayem Barcelona. El magistrado ordenó registros en otras ciudades, como Madrid, Valencia y Melilla.
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