Los ayuntamientos sacan un suspenso en transparencia 'on line'

¿Cómo se llama el alcalde de El Bruc (Anoia)? ¿A qué partido pertenecen el alcalde y los concejales de Pontils (Conca de Barberà)? ¿Qué decisiones se adoptaron en el pleno municipal de Breda (La Selva) durante su última reunión? ¿Qué presupuesto gestiona este año el Ayuntamiento de Aitona (Segrià)? En la era de la información digital y las redes sociales, cualquier ciudadano debería poder responder a estas preguntas echando un rápido vistazo a las páginas web de los cuatro consistorios mencionados. Pero, hecha la prueba, el ejercicio resulta infructuoso. Y son solo cuatro ejemplos elegidos al azar de la infinidad decarencias en materia decomunicación yaccesibilidad que pueden detectarse si se recorren los portales oficiales de losayuntamientos catalanes.

El resultado es que más del 93% suspende en acceso a lainformación. Es la conclusión principal de unestudio de la Universitat Autònoma de Barcelona(UAB), que ha plasmado en unmapa interactivola cantidad de datos que proporciona cada localidad y que tan solo da un aprobado a 64 de los 947 municipios de Catalunya. Este análisis demuestra que, a falta de una ley de transparencia que obligue a facilitar estos y otros datos, las entidades locales remolonean a la hora de dar ejemplo a iniciativa propia.

CRITERIOS CUANTITATIVOS / El trabajo del Laboratori de Periodisme i Comunicació per a la Ciutadania Plural de la UAB se basa en criterios meramente cuantitativos, es decir, examina si la información que se busca está publicada o no, sin indagar en la gestión municipal. Por ejemplo, se observa si en la web figura el presupuesto anual de la institución, pero no se corrobora si las inversiones estimadas se han cumplido. «No hacemos valoraciones cualitativas», matiza Amparo Moreno Sardà, catedrática de Periodismo y directora del departamento que ha elaborado el estudio, para explicar que uno de los dos ayuntamientos que obtienen un nota de 10 sea Sabadell, cuya gestión está bajo sospecha por el 'caso Mercuri' y tiene imputado a su exalcalde Manuel Bustos. El otro consistorio de 10 es Sant Feliu de Llobregat.

En definitiva, el estudio se limita a constatar si la administración más próxima al ciudadano respeta la ley de bases de régimen local, cuyo artículo 69 fija: «Las corporaciones locales facilitarán la más amplia información sobre su actividad y la participación de todos los ciudadanos en la vida local». Y la conclusión es desalentadora. «La información que existe es insuficiente y, además, muy deficiente», afirma Moreno. Lo cierto es que algunas carencias son llamativas: solo el 43% de las páginas ofrecen datos básicos sobre el alcalde, como su nombre y apellidos, la foto y el partido político.

Este dato se reduce al 24% en el caso de los concejales con cartera de gobierno, pero aún es más bajo (17%) en los ediles en la oposición. El mismo porcentaje, un 17%, representan los consistorios que informan de la composición de sus órganos ejecutivos, y en apenas un 9% se explican las competencias del pleno y las comisiones. «Si no conocemos ni quién nos gobierna, la ciudadanía no puede rendir cuentas a sus representantes. No podemos reclamar un sistema de listas abiertas en estas condiciones», lamenta Moreno.

NI QUIÉN NI QUÉ / Y es que, según el informe, actualizado hasta marzo de este año, falla tanto el quién como el qué. Un documento tan elemental para el día a día de un ayuntamiento como el plan de gobierno solo está a disposición de los ciudadanos en el 5% de las webs. Por el contrario, una quinta parte no tiene inconveniente en publicar otros planes sectoriales, como de igualdad, medioambiente o juventud. Pero en este punto hay que tener en cuenta la legislación y la realidad demográfica catalana. Los núcleos de menos de 5.000 habitantes no están obligados a tener junta de gobierno, y en este grupo hay 738 de las 947 localidades.

«El tamaño influye relativamente en el nivel detransparencia», sostiene Moreno, que exige a las diputaciones que faciliten recursos a los consistorios para llenar un vacío informativo que, sin embargo, es bastante irregular en el apartado económico. Solo un 24% informa de su presupuesto y un ínfimo 4% se atreve a publicar los salarios de sus concejales. En cambio, el 88% comunica lo que la ley denomina «el perfil del contratante», esto es, los contratos y las concesiones firmadas por la corporación con empresas, entidades o personas particulares. Y las ordenanzas municipales se pueden consultar en el 45% de páginas web.

A falta de regulación legal, Moreno afirma que la difusión de este mapa ha tenido efecto en algunos consistorios, que, retratados negativamente, se han apresurado a corregir ciertas carencias flagrantes. La ausencia de información es total en ocho poblaciones porque, todavía en la actualidad, ni siquiera disponen de una página web oficial. El éxito del proyecto ha animado a sus impulsores de la UAB a ampliar la iniciativa a Andalucía, Madrid, Aragón, Galicia y Canarias.