CiU da cuerda al referendo de la reforma constitucional

una vez cerrado el acuerdo para la reforma de la Constitución con la firma de los dos grandes partidos, el debate político se centró ayer, no ya en el contenido de la proposición que registraron a primera hora de la mañana en el Congreso el socialista José Antonio Alonso y la popular Soraya Sáenz de Santamaría, sino en su legitimidad democrática. La petición de validar la modificación en un referendo ganó nuevos adeptos, y no solo en las redes sociales. CiU avanzó, a través de su secretario general, Josep Antoni Duran Lleida, que quizá se una a la demanda, pero recordó que con los votos de la federación nacionalista no es suficiente para imponerla. Un maniobra que hurga en la división interna del PSOE y pone de nuevo en el disparadero a los parlamentarios del PSC.

En las filas del partido del Gobierno las órdenes son claras: la modificación, tal como la ha reconducido Alfredo Pérez Rubalcaba, es necesaria, y no se convocará un referendo porque «la Constitución no lo prevé en este caso». «Y nosotros estamos con la Constitución», dijeron ayer al unísono el propio Rubalcaba y el portavoz del Gobierno, José Blanco.

Es cierto que la Carta Magna no exige una consulta para este tipo de reforma «no agravada», pero sí lo permite. Es más, lo facilita al establecer que basta con 35 diputados o 26 senadores para forzar su convocatoria. ¿Cuál es, pues, la razón real para rechazar el referendo? «Si lo aceptamos, nos cargamos el efecto tranquilizador que la modificación persigue conseguir en los mercados. Sería terrible. Para eso mejor no habernos metido en este fregado», indicaron fuentes socialistas, que añadieron otro factor: «La reforma constitucional ha perdido trascendencia al suprimirse las cifras. La clave estará en la posterior ley de estabilidad que desarrollará el cambio [pendiente para la próxima legislatura], que podrá variarse con el juego de las mayorías parlamentarias».

DUDAS PÚBLICAS / Con esas y otras razones intentará Rubalcaba convencer a los críticos de su partido en el maratón de cumbres previsto para el lunes, el día anterior a que se vote la admisión a trámite de la proposición de ley. Habrá reunión de la ejecutiva federal presidida por José Luis Rodríguez Zapatero, luego Rubalcaba reunirá a los barones territoriales y, ya avanzada la tarde, predicará ante los 169 diputados de su grupo parlamentario del Congreso. Algunos de ellos han hecho públicas sus dudas sobre si añadirse o no la convocatoria del referendo, pero aún quedan días para presentar las firmas.

En el caso del PSC, la enésima pinza de Duran en aras de poner a prueba su autonomía respecto al PSOE, tiene pocos visos de cristalizar en un desmarque. El presidente del grupo socialista en el Parlament, Joaquim Nadal, dijo ayer que el texto acordado por el PSOE y el PP es «mejor» que la propuesta inicial, al no fijar un límite concreto de déficit. Respecto a la apuesta del líder de Unió por la consulta, Nadal dijo que forma parte de las «ocurrencias propias de quien se mueve en la comodidad de no tener responsabilidades de gobierno». El alcalde de Lleida y miembro del ala más catalanista del partido, Àngel Ros, se expresó en términos similares. «A los catalanes nos gustaría otro tipo de reforma constitucional, pero en una de estas características no es necesario un referendo», dijo.

CON PIES DE PLOMO / Tampoco está claro, de hecho, qué acabará haciendo CiU. Los servicios jurídicos del Govern estudiaron ayer el texto de la modificación y los dirigentes de la federación van con pies de plomo a la hora de definir su posición final. Mantienen su punto de vista favorable a la doctrina de la reducción del déficit público, pero recelan del acuerdo entre los dos grandes partidos ante el temor que limite la autonomía financiera de Catalunya.

A ello se añade la exigencia, que podría plasmarse en forma de enmienda, de que se reduzca el déficit fiscal catalán respecto al del Estado. Es decir, introducir indirectamente la gran reivindicación de futuro de CiU: el pacto fiscal.

«LOAPA FISCAL» / En la reunión de la ejecutiva del lunes, presidida por Artur Mas, se definirá una posición más definitiva. Lo que no quita que varios diputados de CiU en el Congreso, como Carles Campuzano, calificasen ayer la decisión de socialistas y populares de «LOAPA financiera». Ante ello, Duran está añadiendo ciertas dosis de escepticismo.

Si el martes expresó su apoyo a la filosofía del cambio, ayer se preguntó si es realmente necesario introducir el límite de déficit en la Carta Magna. «Cuando el PSOE y el PP se ponen de acuerdo los otros nacionalistas nos echamos a temblar», advirtió. El democristiano añadió que existen otras reformas constitucionales pendientes y más importantes, como la del Senado.