La comisión no era solo del 3%

El 24 de febrero del 2005, el presidentePasqual Maragallsorprendía a todo el mundo cuando, dirigiéndose aArtur Masen el Parlament de Catalunya, afirmaba: «Ustedes tienen un problema y ese problema se llama 3%». Las palabras del presidente provocaron una dura réplica del líder de CiU y, para no romper el consenso parlamentario en torno al texto estatutario en proceso de elaboración,Maragallaccedió a retirar su afirmación. Más de cinco años después de aquellos hechos, las conclusiones del informe que la Agencia Tributaria ha dirigido al juezJuli Solazconfirman dos cosas. Por un lado, la existencia de un triángulo que relaciona al antiguo equipo dirigente del Palau de la Música (Fèlix Millet yJordi Montull) con Ferrovial-Agroman y con entidades vinculadas a CDC. Por otro, que de la documentación analizada se desprende «que el grueso de las aportaciones de Ferrovial […] es [para] satisfacer la contraprestación correspondiente por la adjudicación de obras públicas, siendo utilizado el Palau de la Música para canalizar los correspondientes pagos». En suma, a la vista de estas conclusiones –que el juez que instruye el caso habrá de validar– parece que elpresidentMaragallno estaba equivocado, más bien se quedó corto.

Después de lo que ha llovido con el Estatut, no está el patio para bromas y, por higiene democrática, convendría que CiU –y otras fuerzas políticas salpicadas por elcaso Pretoria–esclareciera de una vez por todas sus supuestas implicaciones y responsabilidades en prácticas de financiación ilegal. Es obvio que la inexistencia de una ley que regule las aportaciones privadas a la financiación de los partidos favorece estas prácticas ilegales y que la burbuja inmobiliaria, que ha dado características propias a la actual crisis económica, las ha alimentado durante años. Pero esto no es excusa para incumplir la ley poniendo en peligro la credibilidad de las instituciones y de las fuerzas políticas implicadas. Hay un convencimiento de que la corrupción y la financiación ilegal no tienen castigo electoral. Es un error porque, en el mejor de los casos, favorecen la abstención y, en el peor, provocan una desafección política e institucional que abre las puertas a toda clase de populismos.

En conclusión, en la medida en que CiU aspira legítimamente a volver a gobernar, estaría bien que empezara a depurar responsabilidades antes de que lo haga el juez, porque, más allá de lo que dictaminen las comisiones parlamentarias o los informes de la Agencia Tributaria, queda la ética política que hay que exigir a cualquier fuerza que pide el voto a los ciudadanos. La transparencia no es un valor añadido, sino el pilar en que se sustenta la credibilidad del discurso político.

Es hora, pues, de proceder a una profunda regeneración política de unos partidos a menudo viciados por el ejercicio del poder que, muchas veces, se confunde con los intereses de partido –o incluso particulares–, lo que ha llevado a orillar la ley con actuaciones inadmisibles en democracia.