La pasividad judicial en el 'caso Maristas'

La justicia tiene su ritmo, claramente más lento que el del periodismo, pero ni la pesada burocracia ni la garantía de los derechos de los investigados justifican la pasividad con que se está conduciendo ante las denuncias de abusos a menores en dos colegios de los Maristas en Barcelona y otro en Badalona. La interposición de 43 denuncias contra 12 docentes distintos y las confesiones de tres de ellos, publicadas por EL PERIÓDICO, demuestran que no se trataba de casos aislados, pero al parecer esta avalancha de evidencias no le ha bastado a la justicia para afrontar el escándalo como una sola causa.

El Código Penal, paradójicamente, juega a favor de los depredadores de menores. Los breves plazos de prescripción facilitan que sus delitos queden impunes, entre otras otras razones porque el infierno y el sentimiento de culpa que padecen las víctimas las devasta tanto psicológicamente que o bien jamás denuncian a los pederastas, o bien lo hacen cuando la responsabilidad penal ya se ha extinguido.

Pero, agotada las más de las veces la vía penal, aún queda abierta la responsabilidad civil, indemnizaciones que, en caso de insolvencia de los condenados, arrostrarían sus superiores, los Maristas. De ahí que la congregación, en vez de exigir justicia, solicite el archivo de muchas de las causas por prescripción. Y de ahí la importancia de que la justicia enfoque la investigación como una única causa, no como casos aislados. 

La libertad de Benítez

No es esa la senda por que transita el juez instructor, Miguel Ángel Tabares Cabezón, que ha vuelto a rechazar el ingreso en prisión preventiva del pederasta confeso del centro de Sants-Les Corts, Joaquin Benítez, solicitada por dos acusaciones. Ya lo hizo en febrero, pese a apuntar que Benítez “reconoce la veracidad de algunos de los hechos y no niega que puedan surgir otros”. Y vuelve a hacerlo ahora, aunque las denuncias se amontonan y los delitos imputados comportarían una elevada pena de cárcel.

Si bien la alarma social no cuenta para dictar prisión provisional, la justicia haría bien en ponerse en la piel de las víctimas que han vivido enjauladas en sus recuerdos.