Opinión | editorial
La hora de la verdad de la reforma laboral
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Casi tres meses después de que el Consejo de Ministros aprobara la reforma laboral y 20 días antes de la huelga general con que los sindicatos le responden, el Congreso dio vía libre ayer a la nueva ley. Solo obtuvo el voto afirmativo del PSOE, aunque el Gobierno la sacó adelante en otro alarde de geometría variable jugando con la abstención de unos y los votos negativos de otros para eliminar las enmiendas introducidas en el Senado que endurecían el texto.
El objetivo de la reforma, sobre cuya necesidad no hay discrepancias, es contribuir al cambio de modelo productivo, y en consecuencia reducir la temporalidad, ayudar a las empresas en estos momentos de crisis a mantener sus plantillas y, sobre todo, reducir las cifras récord de paro.
La ley introduce cambios en el coste del despido, una de las grandes demandas de la patronal, y efectivamente lo abarata. Amplía generosamente el contrato de fomento con indemnización máxima equivalente a 33 días de sueldo por año de antigüedad; prevé que el FOGASA -el dinero público- contribuya con ocho días de sueldo en todos los despidos objetivos; y precisa las causas económicas que los justifican y que dan pie a indemnizaciones de 20 días por año. En este último punto, la ley deja abierta la puerta incluso a la previsión de pérdidas y a la caída persistente de los ingresos, aunque, como no podría ser de otra forma, la carga de la prueba recae sobre la empresa.
El nuevo texto también mejora razonablemente el control sobre el gasto del subsidio de desempleo y prevé sanciones para aquellos de sus beneficiarios que no acepten cursos de formación. Otro aspecto novedoso y positivo es el apoyo a las empresas para luchar contra el absentismo: será motivo de despido allí donde la tasa habitual supere el 2,5%, frente al 5% que fijaba hasta ahora el Estatuto de los Trabajadores.
Solo el tiempo dirá en qué medida este conjunto de cambios ayudará a las empresas a sobrevivir y a superar esta coyuntura tan difícil. Habrá que esperar a ver cómo aplican los magistrados las nuevas disposiciones que justifican las indemnizaciones más bajas, como habrá que ver si tras la entrada en vigor de la reforma se frena la destrucción de empleo, que es su primer objetivo.
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