La exdirectora de Canal 9 dice que la denuncia contra ella "es política"

La exdirectora de Televisión Valenciana (TVV) y exsecretaria autonómica de Comunicación del Consell, Lola Johnson, ha declarado este miércoles en el juzgado que no tenía capacidad para contratar en el ente y ha asegurado que la denuncia interpuesta contra ella es "absolutamente falsa, política y dolosa", según ha podido saber Europa Press.

Johnson, que ha declarado este miércoles como imputada en el juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Paterna (Valencia) por presuntas irregularidades en contratos de Radio Televisión Valenciana (RTVV), ha detallado a preguntas de la jueza cuáles eran sus competencias como directora de la televisión autonómica como administradora única.

La exdirectiva ha explicado que era administradora pero que en realidad no tenía ninguna de las competencias habituales en ese cargo, que no tenía capacidad de contratar porque "por la ley es así", al tiempo que ha detallado cuál era el cometido de los servicios centrales del ente.

En este sentido Lola Johnson, que no ha querido responder a las preguntas del denunciante, Compromís, ha indicado que lo que le imputa esta formación política --"que no la juez", ha recalcado--, es "absolutamente" falso y ha negado los delitos que le achacan.

Directrices de ahorro

Asimismo, a preguntas del fiscal, Lola Johnson ha expuesto cuál era la situación de la empresa y ha ratificado que era conocedora del estado económico y que se le informaba del mismo. La 'exconsellera' también ha señalado que era el director del ente el que daba las directrices, como la de ahorrar.

En cuanto a los contratos de adquisición de derechos deportivos esgrimidos por Compromís en su denuncia, Johnson ha defendido que no propuso ni firmó ninguno.

Sin capacidad legal

Tras la declaración de Johnson, el abogado de Lluís Motes, otro de los exdirectivos de RTVV imputados, Enrique Lozano, ha explicado a los medios de comunicación que la exdirectora de TVV "se ha remitido, como es lógico, al Estatuto de Radio Televisión Valenciana y a las leyes", documentos "públicos y a disposición de cualquiera" en los que "las funciones de cada cual están perfectamente descritas".

Así, el letrado ha defendido que "ninguno de los administradores de las sociedades que componían el ente tenía capacidad legal de hacer lo que no puede hacer, que es contratar o autorizar determinados gastos" y ha afirmado que "la Generalitat era o es todavía la dueña única y socio único de RTVV" y que "como en cualquier sociedad, el dueño es quien toma las decisiones".

Lozano ha apuntado, en este sentido, que "es el ente público quien tiene la capacidad de contratación y también quien tiene la autorización de gasto". No obstante, preguntado por quién tenía la responsabilidad de contratación, el abogado ha afirmado que no es a él "a quien corresponde establecer las responsabilidades" y que "para eso están los tribunales, por una parte, o, en todo caso, los medios de comunicación o los analistas políticos" en la vertiente política.

"En todo caso, desde luego, no es responsabilidad de los gestores que hay aquí. Se está buscando criminalizar la actuación de unas personas que no tienen nada que ver con el agujero creado --en RTVV-- y muy poco que ver, incluso, con lo que al final nos ha llevado a todos aquí, que es el cierre de Canal 9, una decisión política pero no una decisión empresarial ni desde luego mercantil", ha argumentado Enrique Lozano.

Agujero de 1.300 millones

Respecto a ese agujero de 1.300 millones en contratos, el representante de Motes ha destacado que, "obviamente, no se ha producido durante la gestión de ninguno de los imputados" y que "arranca, como mínimo, desde el año 2000".

"Durante el tiempo en el que los imputados están gestionando cada uno la sociedad en cuestión que sea o el mismo ente público, la deuda baja en realidad. No baja mucho porque los ingresos por publicidad tampoco es que fueran como en cualquier medio de comunicación en esa época muy boyantes, pero es cierto que baja la deuda un poco", ha agregado.

Con todo, Enrique Lozano ha considerado "absurdo estar haciendo recaer sobre las últimas personas que han gestionado las distintas sociedades mercantiles que componían el ente público de Radio Televisión Valenciana la responsabilidad de una deuda de muchísimos años, probablemente, casi desde el principio de los tiempos y, desde luego, con seguridad, desde el año 2000 a partir del que por ley se permite el endeudamiento de la Generalitat".