Una jueza para un desahucio hasta que resuelva el Tribunal de la UE

La jueza de Terrassa Rosa Maria Font Flotats ha suspendido la ejecución de un desahucio que debía practicarse el próximo 30 de noviembre hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) resuelva el proceso abierto para dilucidar si la regulación de la ejecución de hipotecas en España vulnera el derecho europeo sobre la protección de los consumidores. Los miembros de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) presentaron ayer mismo de forma simultánea en los juzgados españoles cientos de peticiones para frenar desalojos. Solo en Barcelona y L'Hospitalet de Llobregat se entregaron juzgado por juzgado más de una treintena.

El pasado 13 de noviembre, Ángeles A. G. se presentó en el Juzgado de Primera Instancia número 5 de Terrassa para solicitar la suspensión del desahucio. El mismo día, la titular de este juzgado aceptó la solicitud y frenó la ejecución del desalojo ante la «existencia de dudas» en cuanto a la compatibilidad del procedimiento de la ejecución hipotecaria con la directiva europea 93/13 CEE.

La jueza Font detalla en su auto que el Tribunal de Justicia de la UE está tramitando un proceso derivado de una cuestión prejudicial planteada por el juez mercantil de Barcelona José María Fernández Seijó, a raíz de una demanda interpuesta contra CatalunyaCaixa por el antiguo propietario de una vivienda de Martorell

que se adjudicó la entidad financiera en subasta por el 50% de su valor por el impago de la hipoteca. En el seno de este proceso, recuerda la jueza de Terrassa, la abogada general del tribunal de la UE, Juliane Kokott,

informó el pasado 8 de noviembre de que la normativa española sobre ejecución hipotecaria vulnera la directiva comunitaria sobre derechos de los consumidores, porque impide a los afectados defenderse frente a cláusulas contractuales abusivas que les han sido impuestas por la banca al firmar su hipoteca.

INTERESES POR DEMORA / La directiva europea establece que las cláusulas abusivas que figuren en un contrato no obligan al consumidor. El dictamen de la abogada general cuestiona, además, las cláusulas sobre el vencimiento anticipado de las hipotecas, los intereses muy elevados por demora y la determinación unilateral por la entidad financiera del importe de la deuda. Ahora falta que el tribunal europeo dicte sentencia, lo que se prevé que ocurra en breve.

La jueza de Terrassa considera, tras examinar el contenido del contrato hipotecario suscrito entre la entidad financiera y Ángeles A. G., que el proceso de ejecución podría verse afectado por la resolución final del tribunal de la UE y, por tanto, acuerda suspender el desalojo.

Sin embargo, precisa que si el Gobierno español reformara la ley en materia de hipotecas antes de que el tribunal europeo resuelva la cuestión y aclarara las dudas que se plantean, podría levantar la suspensión y acordar la continuación de procedimiento. El Ejecutivo, por ahora, no ha modificado la ley y solo ha acordado una serie de medidas para frenar los desahucios de alcance muy restringido.

ACCIÓN CONJUNTA / En los centenares de escritos que presentó ayer por la mañana la PAH en distintos juzgados se solicita la suspensión de todos los procedimientos de ejecución hipotecaria de viviendas habituales que se encuentran actualmente en trámite. Esta entidad y Stop Desahucios mostraron su confianza en la «receptividad» de los jueces para que «concreten en actos» estas peticiones de personas afectadas por procesos de ejecución de hipotecas. Como el documento para pedir la suspensión puede conseguirse en la página web del Consejo General de la Abogacía, es posible que muchos perjudicados presenten la solicitud de forma individual.

El escrito fundamenta sus alegaciones para paralizar los desahucios en la «situación de emergencia social causada por las más de 400.000 ejecuciones hipotecarias que se han producido en España desde el 2007» y las miles que están tramitando. Sostiene que el Código Civil establece que las normas jurídicas han de interpretarse con arreglo «a la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas», y que los actuales momentos exigen una clara visión prociudadano.

También se pide la paralización por la inminente resolución del tribunal europeo sobre la cuestión planteada por el juez Fernández Seijó para que valore si el sistema de ejecución hipotecario español respeta los parámetros exigidos por la normativa comunitaria de tutela de consumidores. El magistrado de Barcelona aseguró a este diario que con el dictamen de la abogada general del tribunal europeo, los jueces españoles ya pueden proceder a la suspensión de la práctica de los desahucios.