TRIBUNALES

Terrassa gana la primera sentencia contra entidades bancarias por tener viviendas vacías

Se trata de una sentencia que desestima el recurso presentado por Bankia ante el expediente sancionador que el consistorio le interpuso el 25 de junio de 2014

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El Juzgado Contencioso Administrativo número 10 de Barcelona ha dado la razón al Ayuntamiento de Terrassa por imponer sanciones coercitivas a entidades bancarias por tener pisos vacíos durante más de dos años.

Se trata de una sentencia que desestima el recurso presentado por Bankia ante el expediente sancionador que el consistorio le interpuso el 25 de junio de 2014 para forzarles a que ocuparan una vivienda vacía, según ha informado la administración municipal este martes en un comunicado.

El alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha calificado este hecho de victoria legal de gran trascendencia, y ha defendido esta vía para que les dieran la razón: "Se ha demostrado que sin ninguna sombra de duda que se están haciendo bien las cosas y que este es el camino correcto".

Asimismo, ha señalado que este dictamen significa un paso muy importante y "un mensaje de esperanza para todas las personas que llevan años reclamando una vivienda digna", así como para otros ayuntamientos que han emprendido acciones legales.

Es la primera resolución del Estado de este ámbito que da la razón a una administración local sobre la aplicación de la Ley de Vivienda de Catalunya, aunque no crea jurisprudencia y la entidad bancaria puede presentar un nuevo recurso al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Además del contencioso al que hace referencia la sentencia, hay 56 más en curso por parte de las entidades bancarias sancionadas y se espera que las respectivas resoluciones de éstos, que están en manos de varios juzgados de Barcelona, lleguen en los próximos meses.

El Ayuntamiento de Terrassa fue el primero en todo el Estado en interponer expedientes a los bancos con viviendas vacías e imponer multas coercitivas: la primera llegó en diciembre de 2013 para forzarlos a ocuparlos o cederlos como vivienda social, y actualmente el consistorio tiene 802 expedientes abiertos a diversas entidades en aplicación de la Ley de la Vivienda de Catalunya.