El Síndic de Greuges investiga si el CIE ha mejorado las condiciones por las que cerró

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha abierto una actuación de oficio para investigar si el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca de Barcelona está en condiciones de reabrir de forma inminente, como ha anunciado el Gobierno central que hará, y comprobar si se han revertido las faltas que llevaron a cerrarlo por reformas, bajo orden judicial, ha explicado en rueda de prensa este miércoles.

Ribó ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que compruebe la situación de las instalaciones, por ser la autoridad judicial de vigilancia --con dos magistrados y supervisión de Fiscalía--, y ha explicado que hasta ahora ha trabajado con "gran colaboración" con este tribunal, pero ha sido nula la respuesta de la Delegación del Gobierno en Catalunya, a la que también ha pedido vigilancia.

Ha dicho que los derechos legales y sanitarios eran seriamente deficitarios hasta ahora en este centro, y ha asegurado que llamarlo CIE es un eufemismo, porque son "auténticas cárceles" --a veces con condiciones incluso peores, ha sostenido-- en las que se interna a personas que solo han cometido el error de no tener los papeles en regla, una falta administrativa a la que se da un tratamiento penal, ha añadido.

Ribó se ha dirigido al Institut Català de la Salut (ICS) para conocer el modelo de asistencia médica y farmacológica que tendrá el centro al reabrir y cuántos facultativos están previstos en jornadas ordinarias y de guardia, tras las quejas recibidas por la atención sanitaria en los últimos años.

En esta misma línea de derechos, también se ha referido a la necesidad de que los internos tengan derecho a la asistencia jurídica y de traductores, para lo que se han tomado medidas para garantizarlas desde la Generalitat, con la colaboración del Colegio de Abogados de Barcelona (Icab) y con un acuerdo con el Ayuntamiento de la ciudad.

El síndic ha requerido al Ayuntamiento de Barcelona información sobre qué tipo de licencias de actividades y urbanística tienen las instalaciones, así como la situación de la tramitación del expediente de licencia de obras, para saber si el centro cumple todas las legislaciones, y ha asegurado que dará a conocer las respuesta de las instituciones lo más pronto posible.

Ha criticado que en estos centros se interna a personas con faltas administrativas junto a otras que han cometido delitos penales, y ha indicado que no tienen razón de ser porque ya existen las cárceles para los casos penales que requieran internamiento, y que para faltas administrativas pueden imponerse medidas como la obligación de personarse en comisaría.

CONSEJO EUROPEO

Ha pedido el análisis conceptual de los derechos de acuerdo con los tratados internacionales y con los códigos de organismos como la ONU, el Consejo de Europa y la UE, así como el análisis de las políticas migratorias "que harían falta justamente para paliar algunos efectos que quieren solucionarse directamente con CIE".

Ribó ha explicado que ha dado a conocer su actuación al Comisario europeo de Derechos Humanos, la máxima autoridad en la estructura de esta institución europea, para que emita su resolución.

El síndic ha asegurado que "hablar de derechos humanos y de Jorge Fernández Díaz es una antinomía", y ha dicho que su comportamiento supone un ataque al Estado de Derecho, por lo que no reconoce su autoridad para defender los derechos, después de observar que el Ministro del Interior en funciones anunció que se reabrirá el centro cuando se terminen las obras.