Señal en las clases de EEUU

Dante y Chiara son algo más que hijos para el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio: son también su contacto con la realidad de los adolescentes y un argumento político. A ambos los ha usado para defender el levantamiento en las escuelas de Nueva York del veto a «teléfonos celulares, portátiles, tabletas y otros artefactos de computación y sistemas de música y entretenimiento» que su predecesor, Michael Bloomberg, impuso en el 2006 y que acabará el lunes tras haberse sometido a voto en el Panel de Política Educativa de la ciudad.

De Blasio ha explicado que él y su esposa, como muchos otros padres de los 1,1 millones de alumnos del sistema público de educación, quieren que su hija tenga su móvil por si necesitan contactar con ella, el principal argumento que el alcalde ha esgrimido para acabar con la prohibición. También ha contado que Dante llevaba su teléfono a su instituto y nadie piensa que el adolescente de 17 años fuera el único que ha hecho oídos sordos al veto en vigor, con conocimiento de sus padres.

La disposición A-413 de Nueva York va en línea con lo que ha defendido uno de los sindicatos de profesores -«que las escuelas tomen sus propias decisiones»- y deja en manos de cada director fijar cómo se aplica. Por ejemplo, si se permite mantener el aparato (apagado) en las clases o se pondrá a disposición de los alumnos una consigna para almacenarlos. En cualquier caso, habrá aspectos obligatorios, como no llevarlos encendidos durante los exámenes o en baños y vestuarios.

Maestros a favor y en contra

Nueva York se suma a una tendencia de Estados Unidos, donde el 70% de las ciudades con prohibiciones hace cinco años las han eliminado, algo que hace hablar de «oleada» a expertos como Liz Kolb, profesora en la Universidad de Michigan. Pero que los vetos acaben no hace que el debate se apague y para comprobar lo vivo que sigue basta leer los comentarios que muchos profesores han dejado en la página de Facebook de la Asociación Nacional de Educación (NAE), en los que aún domina la crítica. «Los alumnos constantemente los usan para interacciones en las redes sociales cuando deberían estar prestando atención a lo que pasa en clase», lamentaba Connie Fawcett, una profesora de Oklahoma.

Frente a denuncias como esas o a temores expresados a que los aparatos sean elemento de distracción, herramienta para hacer trampas o tomar fotos inapropiadas y que incrementen el ciberacoso o las peleas (este último, uno de los argumentos que usó en su día Bloomberg), hay también quienes dan la bienvenida al paso. «Necesitamos dejar de enfrentarnos a la tecnología y empezar a aceptarla -comentó en la NAE Amber Schaefer, una maestra de Minnesota-. Cuanto más nos resistimos más nos separamos de los estudiantes. Es hora de incorporar y colaborar en vez de prohibir y castigar».

En Nueva York, el fin al veto envía también una señal social. La Unión Americana por los Derechos Civiles llevaba tiempo denunciando que la prohibición tenía un elemento discriminatorio, pues se ha aplicado sobre todo en escuelas ubicadas en zonas de alta violencia, donde casi 100.000 estudiantes pasan al día por detectores de metales.

El 82% de esos alumnos son negros y latinos y el 60% viven en la pobreza, lo que hacía aún más sangrante que fueran ellos, sobre todo, quienes mantuvieran viva una industria alternativa nacida con el veto. Pequeñas tiendas y una floreciente tropa de camiones almacén cobraban por lo general un dólar al día por guardar los teléfonos. Ahora tendrán que buscar otro nicho.