La Seguridad Social devuelve los muebles al colegio embargado

Ni 24 horas ha durado la retirada de muebles llevada a cabo por la Tesorería de la Seguridad Social en el colegio privado de Madrid Santa Illa. Los pupitres, sillas, mesas, pizarras, potros de gimnasio e instrumentos musicales embargados el jueves por una deuda de 992.263 euros fueron devueltos ayer aunque solo en depósito «para que las clases puedan continuar hasta fin de curso», según un portavoz del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

La situación creada por el embargo el pasado jueves era kafkiana. Los camiones de mudanza se llevaron buena parte de los enseres mientras los niños estaban en la hora del patio causando la alarma entre los profesores y los padres, que el mismo jueves empezaron a buscar alternativas para la escolarización de sus hijos. La alarma causada movilizó a la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid, cuya titular, Lucía Fígar, se puso en contacto con la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, para encontrar una solución que evitara perjudicar a los niños sin dar un trato de favor a un empresario que arrastra deudas con la Seguridad Social desde principios de los años 90.

Al final se ha llegado al acuerdo de mantener embargados los enseres, pero nombrando depositarios al propietario y al director del colegio «para que los niños puedan continuar las clases hasta junio». Pero será difícil que los pequeños olviden la escena. Ver como se llevaban los muebles de sus clases y comprobar que ya no estaban al regresar «fue muy duro para ellos», según reconocía uno de los operarios que trabajó en la retirada.

SIN PRECEDENTES / El administrador y propietario del colegio, Iñaki Santa, aseguró que desconocía la intención de los operarios de retirar los muebles. «Pensé que venían a trabajar y a dejarlos depositados en el centro, que es lo que suelen hacer siempre», explicó. Pero el empleado de la Seguridad Social que dirigió ayer la devolución de los muebles, Andrés Ruiz, aseguró que «el director lo sabía desde hacía 15 días y tenía que haberlo puesto en conocimiento de los padres y los trabajadores del centro». «El responsable del centro es ahora el responsable de que no les pase nada a los muebles», advirtió, tras recordar que en 24 años de profesión no había visto nunca la devolución de los muebles embargados.