La huelga de justicia, poco secundada en los juzgados catalanes

Los sindicatos hablan de "seguimiento amplio" en la Ciudad de la Justicia pero escaso en el resto de sedes

Aspecto del vestíbulo de la Ciutat de la Justícia, este miércoles.

Aspecto del vestíbulo de la Ciutat de la Justícia, este miércoles. / periodico

J. G. ALBALAT / Barcelona

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La convocatoria de huelga está teniendo "un seguimiento pleno" en la Ciutat de la Justícia de Barcelona, pero "bajo" en el resto de juzgados de Catalunya, según los sindicatos convocantes,  UGT, CCOO, CSIF y STAJ.

Según sus datos, en la Ciutat de la Justícia, el seguimiento es del 70%, una cifra que la Generalitat rebaja al 6,33%. De los 7.509 trabajadores de los cuerpos de gestión, tramitación y auxilio social, más los médicos forenses, Justicia asegura que el seguimiento más elevado se da en Barcelona, con un 7,91%. En Tarragona la siguen el 3,81% de los funcionarios, mientras que el Lleida lo hace el 1,66% y en Girona, el 1,07%.  

Oficialmente la huelga es indefinida, pero los sindicatos admiten que la mayoría de funcionarios la seguirán durante este miércoles y este jueves y solo un centenar de funcionarios del deganato de Barcelona la podrían seguir indefinidamente gracias a una caja de resistencia que ha recaudado unos 80.000 euros.

El Departament de Justicia ha dictado servicios mínimos que permiten celebran juicios pendientes con la presencia de un único funcionario. Sin embargo, en los juzgados hay colas cuando procuradores o ciudadanos intentan entregar escritos ante la escasez de personal.

Unos 300 funcionarios de Justicia han iniciado este miércoles por la mañana una manifestación por las calles de Barcelona en protesta por el recorte salarial, equivalente a una paga extra, que les ha aplicado la Generalitat.

La manifestación, que ha comenzado a las 11.00 horas en la puerta de la consellería de Justicia, en la calle Pau Claris de Barcelona, da inicio a una huelga indefinida convocada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y STAJ, que acusan a la Generalitat de recortarles más derechos laborales que a los funcionarios del resto de España.