Sanidad renuncia a restringir la asistencia a los simpapeles

El Ministerio de Sanidad recula. De querer imponer un modelo de asistencia sanitaria a los simpapeles y amenazar con llevar a las comunidades díscolas al Tribunal Constitucional (TC) pasó ayer a reconocer que esta materia «es competencia autonómica» y asegurar que solo pretende alcanzar «un acuerdo de armonización del sistema», en palabras del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, tras la reunión de la Comisión de Prestaciones de la sectorial de Sanidad.

La posición inflexible de los representantes de los ejecutivos del PSOE y de los nacionalistas ha hecho dar marcha atrás al ministerio, que incluso se ha dado un nuevo plazo de 15 días para alcanzar un acuerdo que, en cualquier caso, tampoco sería vinculante.

Moreno ya se presentó a la reunión con una propuesta menos restrictiva que la enviada a las autonomías. Si el borrador inicial preveía prestar asistencia primaria a los irregulares que llevaran un año empadronados, el que ayer puso sobre la mesa rebajaba el periodo a seis meses. Ni el año que quería el ministerio, ni los tres meses que ya se aplican en la mayoría de autonomías.

La mayoría de representantes autonómicos, nombrados por unos ejecutivos que ya no son del PP, se mantuvieron firmes en reclamar que el Gobierno revoque el decreto que el año 2012 despojó del derecho a la sanidad a los simpapeles (salvo a embarazadas, menores y urgencias) y se vuelva al modelo de sanidad universal. Algunos ni siquiera quisieron entrar en el debate de la armonización, dado que la cuestión es competencia de cada autonomía. Otros pusieron pegas concretas.

LA EXPERIENCIA CATALANA / Catalunya blandió su experiencia, que le llevó a rebajar el periodo de empadronamiento de un año a tres meses. Andalucía expresó su rechazo porque la propuesta incluye un registro nacional que podría disuadir a los irregulares de inscribirse por temor a que sus datos acaben en manos del Ministerio del Interior.

Pese a que la creación de este registro fue anunciado por el titular de Sanidad, Alfonso Alonso, Moreno rebajó su importancia. «No es propiamente un registro, se trata de una base de datos a nivel nacional, creada a efectos de un seguimiento clínico y farmacológico y nada más», señaló, para añadir seguidamente que «no hay que comunicar nada a Interior, ni este ministerio podría acceder a él».

En lo que sí insistió Moreno es en que Sanidad pretende evitar que España sea objeto nuevamente de un procedimiento de la Unión Europea porque la fórmula escogida por alguna comunidad para prestar la asistencia a los irregulares sea «incorrecta» y dé pie a que algún ciudadano europeo la reclame también para sí abriendo de nuevo la puerta al turismo sanitario. Pero no supo decir si había alguna autonomía que incurra en esa vulneración.

MARGEN DE MANIOBRA MÍNIMO / El Gobierno anunció en marzo que devolvería la sanidad a los simpapeples, pero con el cambio de poder autonómico se ha encontrado con que esta decisión ya no está en sus manos. Su margen de maniobra para protagonizar la medida se ha estrechado hasta el mínimo. Su esperanza radica ahora en lograr un acuerdo mayoritario en la nueva reunión de la Comisión de Prestaciones que convocará en dos semanas. De lo contrario la cuestión ni siquiera se elevará a la comisión sectorial de Sanidad para su aprobación.