Sanidad admite ahora que los simpapeles son competencia autonómica

El Ministerio de Sanidad recula. De querer imponer un modelo de asistencia sanitaria a los simpapeles y amenazar con llevar a las comunidades díscolas al Tribunal Constitucional (TC) ha pasado este miércoles a reconocer que esta materia “es competencia autonómica” y asegurar que solo pretende alcanzar “un acuerdo de armonización del sistema”, en palabras del secretario general de Sanidad, Rubén Moreno. La postura inflexible de la los representantes de los ejecutivos del PSOE y nacionalistas, en la reunión de comisión de Prestaciones del Sistema Nacional de Salud , ha hecho recular al ministerio, que se ha dado un nuevo plazo de quince días para alcanzar un acuerdo que, en cualquier caso, tampoco tendría un carácter vinculante.

Moreno ya se ha presentado al encuentro con una propuesta menos restrictiva que la enviada a las autonomías. Si el borrador inicial preveía prestar asistencia primaria a los irregulares que llevaran un año empadronados, en la reunió ha puesto sobre la mesa una nueva versión que rebaja el periodo a seis meses. Ni el año que quería el ministerio, ni los tres meses que se aplican en la mayoría de autonomías. 

La mayoría de representantes autonómicos, nombrados por unos ejecutivos que ya no son del PP, se han mantenido firmes en reclamar que el Gobierno revoque el decreto que el año 2012 despojó del derecho a la sanidad a los simpapeles (salvo a embarazadas, menores y urgencias) y se vuelva al modelo de sanidad universal. Algunas ni siquiera han querido entrar en el debate de la armonización, dado que la cuestión es competencia de cada autonomía. Otras han puesto pegas concretas a la propuesta.

EL REGISTRO QUE NO ES TAL

Catalunya ha blandido su experiencia, que le llevó a rebajar el periodo de empadronamiento de un año a tres meses. Andalucía ha expresado su rechazo a la propuesta porque incluye la creación de un registro nacional por el que podría disuadir a los irregulares de inscribirse por temor a que sus datos acaben en manos del Ministerio del Interior. Pese a que la creación de este registro fue anunciado por el titular de Sanidad, Alfonso Alonso, Moreno ha rebajado su importancia. “No es propiamente un registro, se trata de una base de datos a nivel nacional, creada a efectos de un seguimiento clínico y farmacológico y nada más”, ha señalado, para añadir senguidamente que “no hay que comunicar nada a Interior, ni este ministerio podría acceder a él porque hay varias sentencias del Constitucional que lo impiden”.

En lo que sí ha insistido Moreno es que el ministerio persigue sobretodo evitar que España sea objeto nuevamente un procedimiento de la Unión Europea porque la fórmula escogida por alguna comunidad para prestar la asistencia a los irregulares sea “incorrecta” y de pie a que algún ciudadano europeo la reclame también para sí abriendo de nuevo la puerta al turismo sanitario. Pero no ha sabido o querido decir si hay alguna autonomía que incurra en ese error. Es más, de los datos facilitados por las comunidades no se desprende que ninguna de ellas vaya a dar pie a ninguna denuncia.

El Gobierno anunció el pasado marzo que devolvería la sanidad a los simpapeples, pero con el cambio de poder autonómico se ha encontrado con que esta decisión ya no está en sus manos. Su margen de maniobra para protagonizar la medida se estrechado hasta el mínimo. Su esperanza radica ahora en lograr un acuerdo mayoritario en la nueva reunión de la comisión de Prestaciones que convocará en dos semanas. De lo contrario el tema ni siquiera se elevará a la comisión sectorial de Sanidad para su aprobación. Quedará en papel mojado.