Sabadell expedienta a tres compañías por cortes de luz a familias vulnerables

El Ayuntamiento de Sabadell ha decidido afrontar los incumplimientos de la normativa de pobreza energética con mano dura. Después de iniciar el proceso para detectar los casos en los que presuntamente no se habrían respetado los derechos de las familias en situación de vulnerabilidad, el gobierno municipal ha decidido abrir 18 expedientes contra Gas Natural y Endesa por mala praxis reiterada en este ámbito.

El consistorio ha incluido 203 de los 243 casos detectados en los expedientes sancionadores, 15 de los cuales acabaron con cortes de luz indebidos a familias vulnerables sin que se solicitara un informe a los servicios sociales, tal y como establece la ley. "Los expedientes agrupan las malas praxis llevadas a cabo por las empresas, y no por ser cuestión de un error puntual, sino de una práctica demostrada de manera sistemática por parte de las compañías", ha señalado el alcalde, Juli Fernàndez (ERC).

Las empresas afectadas son Gas Natural, con un expediente, Endesa Energía XXI, con diez, y Endesa Energía SAU, con cuatro. Todas ellas llevaron a cabo cortes entre agosto del 2015 y mayo del 2016. Este jueves se les han notificado las sanciones con un importe que oscila entre los 10.000 y los 100.000 euros.

SIN INFORMACIÓN PREVIA

Además, se han iniciado tres expedientes sancionadores más por situaciones en las que se había recibido el aviso de corte de suministro eléctrico sin que hubiera constancia de que las personas afectadas hubieran sido informadas previamente sobre sus derechos como familias vulnerables. En ellos, la compañía tampoco pidió previamente el informe preceptivo.

El Ayuntamiento de Sabadell ha detectado durante el 2016 un total de 1.003 familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, por lo que se han impulsado medidas para su protección y seguimiento por parte de Servicios Sociales. A partir de la recepción de la notificación de las sanciones, las compañías dispondrán de un plazo de diez días hábiles para aportar la documentación necesaria para revocarlas.

El consistorio calcula que las multas podrían hacerse efectivas en un plazo de dos meses, momento en el que las compañías podrán recurrir el decreto de Alcaldía.