Donde dije digo....

El nuevo argumento del Gobierno del PP para no repartir entre las comunidades autónomas los fondos recaudados por las tasas judiciales estatales salió a relucir en el Congreso el 22 de abril pasado. Ese día el diputado de CiU, Jordi Jané preguntó al ministro de Justicia, Rafael Catalá, cómo justificaba que no se hubiera distribuido ese dinero cuando la tasa está vinculada por ley a la asistencia jurídica gratuita, cuyo servicio realizan las comunidades autónomas que tienen competencias al respecto .

El ministro renegó entonces de la tesis mantenida por su antecesor, Alberto Ruiz-Gallardón, y de la misma ley que regula este tributo. «Las tasas judiciales tienen un origen y una gestión que es absolutamente estatal. Además, por supuesto, ningún ingreso tributario está vinculado a un gasto concreto, sino que lo que hace es financiar el tesoro público», aseguró.

La marcha atrás del Gobierno del PP todavía quedó más patente con la continuación de su discurso:  «No tienen nada que ver las tasas judiciales con la financiación de las comunidades autónomas, como ustedes saben. Cuando la Generalitat o cualquier gobierno autonómico recibieron la transferencia de los medios materiales y personales obtuvieron la financiación suficiente y adecuada, que ha evolucionado conforme al modelo de financiación autonómica que existe en nuestro país. Son cuestiones totalmente distintas».

El diputado de CiU mostró su sorpresa respecto a la respuesta del ministro, más cuando su antecesor había defendido una postura totalmente distinta. Jané replicó: «Señor ministro, sorprende su respuesta. Se aparta de la legalidad». Tras recordarle que en el 2102 el PP  aprobó la ley de tasas «en absoluta soledad», con la oposición del resto de grupos parlamentarios y la crítica de los colegios de abogados y de los procuradores, el diputado apuntó que el artículo 11 de la ley de tasas considera vinculados estos tributos al sistema de justicia gratuita. «Señor ministro no es generosidad, es equidad», agregó Jané.

El parlamentario nacionalista ofreció los siguientes datos: solo en el 2013, a Catalunya le supuso 60 millones de euros atender a sus competencias en la asistencia jurídica gratuita y, de esa cantidad, 2,3 millones eran por el sobrecoste que supuso la ley de tasas del 2012, porque se amplió y personas que no tenían que justificar una insuficiendia de ingresos se acogieron a ello. «En consecuencia, le pedimos equidad y que cumplan con las comunidades autónomas, señor ministro», sostuvo el diputado de CiU. El titular de Justicia se defendió repitiendo que las tasas judiciales tienen un «hecho imponible» que es competencia «exclusiva del Estado» y recordó que la Generalitat ya había puesto en marcha una tasa propia.