La UE recorta 6,8 millones de ayudas por irregularidades en Catalunya

Las irregularidades en la gestión y concesión de proyectos medioambientales en Catalunya por parte de las autoridades catalanas ha conducido a la pérdida de 6,8 millones de euros de ayudas de los fondos europeos y la obligación de asumir ese coste extra a cargo de los ciudadanos vía los presupuestos públicos. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha desestimado el recurso presentado por España y ha confirmado las sanciones económicas aplicadas por la Comisión Europea entre el 2002 y el 2004 para recortar las ayudas europeas previstas para esos proyectos en los citados 6,8 millones. Ningún responsable político ha asumido responsabilidades hasta ahora por ese sobrecoste que deberán pagar los ciudadanos.

Los ochos proyectos afectados son la ampliación de la depuradora de aguas del Besós; diferentes infraestructuras de saneamiento en pequeñas aglomeraciones urbanas catalanas; la depuración, tratamiento de lodos y reutilización de aguas en las cuencas interiores de Catalunya; la planta desalinizadora de agua de mar del delta del Tordera; construcción y adecuación de infraestructuras de tratamiento de residuos municipales en diferentes zonas Catalunya; el tratamiento de residuos municipales en las comarcas de Urgell, Pallars Jussà y Conca de Barberà y la creación y mejora de la red de infraestructuras de tratamiento de residuos municipales de Catalunya.

La gestión del proyecto del Besos fue encargada a la Depuradora del Baix Llobegat, SA (Depurbaix) y los otros siete proyectos fueron gestionados por la Agencia Catalana del Agua (ACA) y la Agencia de Residuos de Catalunya (ARC).

Gastos no subvencionados

La Comisión Europea aplicó en primer lugar un recorte del 2% en las ayudas a la ampliación de la depuradora del Besos porque la compañía gestora facturó gastos no subvencionados.

El Ejecutivo comunitario también recortó las subvenciones europeas a los demás proyectos porque se violó la normativa europea de contratos públicos y se adjudicaron las concesiones en base a criterios ilegales de "precios medios" y "experiencia en obras anteriores". El uso de esos criterios ilegales facilita la concesión de obras a dedo y encarece artificialmente el coste de las obras.

El Tribunal de la UE ha recordado en su sentencia que la legislación europea establece que la adjudicación de contratos debe realizarse en base a dos criterios: el precio más bajo o la oferta más ventajosa económicamente. La sentencia subraya que el criterio de "precios medios" utilizado por las autoridades catalanas conduce a las empresas a "presentar una oferta con un precio más elevado del que hubieran podido ofrecer". La sentencia subraya que "la experiencia en obras anteriores" puede utilizarse para verificar la e capacidad económica, financiera y técnica de las empresas que compiten por el contrato, pero no como criterio para adjudicar los contratos.