Los consejos sociales abogan por restar poder a los rectores

El documento suscrito por los siete presidentes de los consejos sociales de las universidades públicas catalanas en el que se describe cómo ha de ser el modelo de gobernanza de las universidades aboga por reforzar la autoridad de los máximos dirigentes de la institución, pero al mismo tiempo propone desplazar a los rectores como primeros responsables del gobierno universitario y dejarlo en manos de un profesional «de prestigio en el mundo social o económico» ajeno al ámbito académico.

La propuesta, que ha desagradado profundamente a los rectores, no tanto por el fondo sino porque se les ha ocultado hasta que no la han visto los principales líderes políticos, ha envenenado las relaciones entre un sector de la Universitat de Barcelona (UB) y el presidente de su consejo social, Joaquim Coello, cuya petición de destitución se debatirá hoy en el claustro. Fuentes próximas a los rectores atribuyen a Coello un papel protagonista en la gestación del texto.

Las Propuestas de modelo del sistema universitario catalán defienden que el órgano sobre el que recaiga la máxima responsabilidad de gobierno de las universidades, el consejo superior, esté formado por un número reducido de miembros, no superior a 15, cuya mayoría esté en manos de los «representantes de la sociedad». El presidente de esa instancia no sería el rector, sino la personalidad elegida por el Parlament para encabezar la institución por un periodo de seis años renovables.

INSTANCIAS SECUNDARIAS / Al rector se le relega a un puesto destacado en el consejo ejecutivo, al que se le encomienda aplicar las directrices estratégicas del consejo superior. El texto prevé una tercera instancia representativa, el consejo universitario, donde han de estar presentes los delegados de los distintos colectivos universitarios. Entre las funciones de ese consejo figura la de «proponer una terna de candidatos a rector al consejo superior», a partir de las condiciones fijadas por este y dentro de un proceso abierto a candidaturas externas a la universidad.

El trabajo apuesta por dejar en manos del consejo rector de un órgano autónomo e independiente del poder político la definición del modelo de financiación del sistema universitario catalán y la distribución de los recursos entre las universidades. La presidencia de ese ente recaería, una vez más, en una «persona nombrada por el Parlament, de gran prestigio social y no perteneciente al mundo académico». La mayoría de sus integrantes provendrían del mismo modo de «la sociedad».