posible paralización de una norma polémica

Presión de los obispos para que Rajoy no aparque la ley del aborto

Protesta en contra de la reforma de la ley del aborto auspiciada por el Gobierno del PP.

Protesta en contra de la reforma de la ley del aborto auspiciada por el Gobierno del PP.

PATRICIA MARTÍN
MADRID

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El secretario y portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, dio ayer por buenas las informaciones que apuntan a que el Gobierno sopesa aparcar la reforma de la ley del aborto y recordó al Ejecutivo que «los programas electorales están para cumplirlos». El obispo consideró que, si se confirma la paralización del proyecto que solo permite abortar en dos supuestos (violación y riesgo «grave» para la salud materna) sería una «mala noticia» dado que el borrador aprobado en diciembre «miraba con benevolencia al ser más inocente, el no nacido».

La Conferencia Episcopal presionó así a Mariano Rajoy para que no deje en un cajón una reforma que ha alentado. Mientras tanto, el Gobierno evitó aclarar qué piensa hacer con la misma, aunque se ha difundido que baraja dos opciones: no aprobarla en Consejo de Ministros (con las sugerencias de los órganos consultivos incorporadas) o darle luz verde pero dejarla languidecer en el trámite parlamentario de forma que no entre en vigor esta legislatura. El primer día laborable tras la difusión de esta información por parte de varios medios, el Ejecutivo podría haberse apresurado a defender la necesidad de derogar la actual ley y el trabajo realizado en este sentido por Alberto Ruiz-Gallardón. Pero la vicepresidenta, Soraya Saénz de Santamaría, después de reunirse con el secretario de Estado vaticano, Pietro Parolin, evitó contestar sobre un asunto de difícil gestión para el Ejecutivo y se limitó a señalar que «no hay novedad» sobre el tema.

Fuentes de la Moncloa añadieron que el Gobierno sigue buscando «el máximo consenso» en torno a la ley y admitieron que esta es la premisa básica, más allá del calendario fijado por el ministro, quien señaló que el proyecto vería la luz antes de se acabe el verano, plazo que caduca el día 23 de este mes. Fuentes oficiales sugirieron que el proyecto no se aprobará este viernes, lo que dejaría una vez más en entredicho el plazo marcado por Gallardón.

EL DIFÍCIL CONSENSO

El PP, por su parte, no ofreció ayer la tradicional rueda de prensa de los lunes, pero dos de sus dirigentes, la delegada del Gobierno de Madrid, Cristina Cifuentes, y el portavoz adjunto del PP en el Congreso, Rafael Hernando, sí hicieron declaraciones y coincidieron en que lo «deseable» es que el texto sea consensuado. «En un asunto tan delicado, hay que compaginar el cumplimiento del programa con hacerlo con el mayor consenso posible», señaló Cifuentes, uno de las numerosos cargos conservadores que se han mostrado críticos con la reforma.

La división de opiniones en el PP, más que el rechazo de la oposición, es lo que hace difícil ese «consenso», hasta el punto de que buena parte del Gobierno y del partido admite que el Ejecutivo busca la mejor salida para dejar en suspenso la ley, sin agitar en exceso los ánimos ni de los detractores ni de los defensores. El problema es que si opta por paralizar la reforma, el gran damnificado será Gallardón. Algunos medios difundieron ayer que el ministro baraja dimitir al sentirse desautorizado, pero fuentes de su entorno lo descartaron y señalaron que el titular de Justicia está centrado en el problema catalán y no se pronunciará sobre el aborto hasta que el Constitucional impida la consulta.