Pilar quebrado del bienestar

Considerada el cuarto pilar del Estado del bienestar, junto a la educación, la sanidad y las pensiones, la denominada oficialmente ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia (Lapad) ha entrado en fase crítica a los apenas cinco años de su nacimiento.«La falta de financiación y la crisis económica la están ahogando», coinciden en su diagnóstico Margarita León, profesora del Universidad de Autónoma de Barcelona, y Ángeles Durán, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), en recientes informes sobre los aspectos económicos y sociales.

El origen de la situación, según León, tiene sus raíces en la«inestabilidad permanente»del modelo de financiación previsto para garantizar el derecho universal de acceso a atención a las personas dependientes, al margen del nivel de renta de los individuos. El aumento del gasto público, desde el 0,24% al 1,2% del PIB, debería compensarse, según estimó el Gobierno al aprobarla, por las vías del superávit del Estado y el copago de los usuarios para financiar el coste de las prestaciones.

Copago testimonial

Pero el superávit estatal desapareció en el 2007, las autonomías elevaron su endeudamiento y los particulares, con bajas pensiones, han hecho casi testimonial el copago. Además, según León, otro de los grandes problemas ha sido su diferente implantación territorial. Así, Andalucía cuenta con el 30% de los dependientes de toda España, mientras que en Madrid el porcentaje se reduce al 5,4%. Además,«la intención inicial SEnDapunta LeónSEnD de dar prioridad a los servicios por encima de las prestaciones económicas parece haberse desvanecido»,ya que las segundas suponen más del 65% de las ayudas concedidas.

José Ramón Ramírez, presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servcios Sociales, considera que la perpetuación de los cuidadores familiares, previstos en la ley como hecho excepcional,«ha supuesto un lastre para el sistema»y ha frenado la creación de una red de servicios tanto profesionales como materiales.

«La ley de la dependencia me recuerda el quebrado pilar de algunas ruinas griegas. No otra cosa podía esperarse de una ley tan mal parida y mal alimentada», resume Alberto Zurrón, abogado y presidente de la Plataforma de Afectados por la Ley de la Dependencia de Asturias. Pone como ejemplo que el propio Gobierno promulgó un decreto en mayo del 2010 por el que prohibía la retroactividad de las prestaciones a la fecha de su solicitud y facultaba a abonar los atrasos devengados en 5 años.