Los pedagogos suspenden la nueva normativa de las 'madres de día'

¿Por qué es la Conselleria de Treball i Afers Socials, y no la de Ensenyament, la que va a regular el servicio de 'madres de día' o guarderías en casas particulares? ¿Serán, entonces, los inspectores de trabajo o los de servicios sociales los que supervisen y evalúen la atención que reciban los usuarios de este servicio, niños de entre cero y tres años? ¿Por qué se conciben estos espacios como negocios privados y no se insta a las administraciones a organizarlos y financiarlos con recursos públicos? Estas y otras dudas son las que asaltaron a algunos pedagogos catalanes cuando el martes conocieron, de mano de la 'consellera' Dolors Bassa, el proyecto que la Generalitat prepara para dotar de un marco legal a las casas de crianza, una figura que ha proliferado en los últimos años y que en la actualidad se encuentra sin regulación alguna.

"Este decreto es como dar un paso atrás: en un momento en que todos los agentes sociales están completamente de acuerdo en que la primera infancia es determinante para la formación de futuros ciudadanos, años después de que la etapa de los cero a los tres años, que es educativamente clave, dejara de depender de Benestar Social para pasar a Educació, ahora vuelven a considerar que este es un tema social, para la conciliación de los padres", lamenta Maria Vinuesa, miembro de la junta de la Asociación de Maestros Rosa Sensat. La entidad reivindica que cualquier regulación que se haga de las 'madres de día' debería "mantener el interés de los menores en el centro, darle la más absoluta prioridad", defiende Vinuesa.

Además, prosigue, "la Generalitat está poniendo su membrete a un servicio que genera negocios privados, en lugar de pensar que, si realmente las familias necesitan de esta figura, deberían ser los poderes públicos los que la facilitaran". Es el caso, menciona la pedagoga de Rosa Sensat, de pequeños municipios donde las madres que trabajan han de recurrir a estas casas de crianza para que allí atiendan a sus hijos. 

En contra de eso, lo que ha hecho la Administración autonómica ha sido derivar a las diputaciones provinciales la financiación de las escuelas infantiles públicas. "Tampoco se la ha visto en iniciativas como los espacios familiares que se están potenciando en ciudades como Barcelona", señala Vinuesa.

LA LIBERTAD DE ELECCIÓN

Jaume Blasco, analista del Institut Català d'Avaluació de Polítiques Públiques (Ivàlua), se mostraba partidario, en su informe 'De la escuela infantil a las políticas de la pequeña infancia', un estudio publicado el pasado septiembre por la Fundación Jaume Bofill, de "establecer unas condiciones de funcionamiento y los mínimos de calidad para preservar la libertad de elección de las familias". Eso sí, en su propuesta debía de ser la "inspección de la autoridad educativa la que velase por la calidad de los servicios, además de supervisar y actuar contra los establecimientos que no cumplieran la normativa".