«Nos sentimos desnudos»

Puede que el reclamo esté manido. No es el primer calendario donde se muestran desnudas personas que ya no sabían a que puerta llamar. Pero si alguna vez el gancho es pertinente este es el caso de las 14 familias de viviendas municipales amenazadas de desahucio por el fondo buitre de Blackstone en la calle de Salvador Allende del popular barrio madrileño de Carabanchel. «Es como nos sentimos, desnudos, despojados del derecho a conservar nuestro hogar», cuenta la joven Arancha Mejías, que posa junto a su madre para la hoja de marzo. Recuerda que cuando les otorgaron el piso parecía que les había «tocado la lotería», después de dormir años y años en el sofá-cama de una portería. Cuando tenga que renovar el contrato deberá escoger entre marcharse o pagar un 42% más porque así lo quiere Blackstone.

Fernando Encinas, su mujer Zara y su hija Claudia posaron para enero y el mes que habrá sido probablemente el último que pasarán en la casa. Su desahucio está programado para este lunes. Ha tenido problemas económicos y adeuda unos meses. «Cambiaron la ley para quitarnos la opción a compra que todos hubiéramos ejercido», lamenta, y clama que lo único que quiere es seguir en su casa, pero le dicen que «no son una oenegé».Cada mes es una historia de miedo con final incierto. La alcaldesa Ana Botella sigue impertérrita el drama quizás porque no se presenta a la reelección y ya le importa poco la imagen de su partido. Su compañero y presidente de la Comunidad, Ignacio González, que aún espera el dedazo de Rajoy, mandó parar el viernes. Amenazó públicamente con llevar ante los tribunales a Goldman Sachs, los compradores de los 3.980 pisos del Gobierno regional, «si incumplen los contratos».Otro bebé en riesgo 

Consultada la empresa sobre un desahucio previsto para el próximo jueves, el de Rubén Fernández y Estefanía, un matrimonio en paro con tres hijos, uno de ellos con un bebé de dos meses, un portavoz respondió que «el desahucio está parado». «No se va a producir. No se ejecutan desahucios en casos de vulnerabilidad social», añadió.

La empresa trata de marcar distancias con Blackstone, que ya mandó a un bebé a la calle días atrás. Rubén dejó de pagar porque al desaparecer la ayuda pública pasó de 80 euros al mes a casi 500. Por una deuda de 3.000 querían echarle. Había ofrecido devolverla, pero siguieron con el desahucio.

El citado portavoz sostiene que «el inicio de un procedimiento de reclamación de cantidad acaba en desahucio en un número extremadamente reducido de casos debido al proceso de negociación que mantenemos con el inquilino junto con la política social aplicada» por la empresa. Sonia Martínez, portavoz de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima, se mostró «estupefacta» ante lo que considera «un cambio de discurso por razones electorales». «Nos acabamos de enterar de que la Comunidad de Madrid y los fondos buitre son hermanitas de la caridad. Curioso que en vísperas de las elecciones digan lo preocupados que están», ironizó.