Miles de polacos se manifiestan contra la polémica reforma de la justicia

Varios miles de polacos se manifestaron hoy en Varsovia en contra de la controvertida reforma de la justicia polaca que, según los críticos de la misma, atenta contra la independencia del Poder Judicial.

La reforma permite al Ejecutivo nombrar magistrados sin consultar el sector judicial.

El Gobierno de la agrupación conservadora Paz y Justicia (PiS) considera que la reforma es necesaria y sostiene que el sistema judicial actual es inoperante.

Para que entre en vigor, la reforma necesita todavía la firma del presidente Andrzej Duda.

Desde su llegada al poder en 2015, el PiS ha aprobado varias reformas controvertidas que han generado protestas y críticas dentro y fuera de Polonia.

El PiS, que llevaba la reforma profunda del sistema judicial en su programa electoral, ha criticado en numerosas ocasiones el funcionamiento de los tribunales, las demoras de los juicios y el corporativismo de los magistrados, a los que se ha acusado de estar alejados de la realidad y los problemas de los ciudadanos.

Por su parte, la oposición ha criticado la reforma y el líder de la principal fuerza de oposición, Grzegorz Schetyna, ha hablado de "golpe de estado", ya que, a su juicio, con la medida el PiS sienta las bases para imponer "un Gobierno dictatorial".

Estas acusaciones no son nuevas y se suman a las fuertes críticas a otras reformas impulsadas por el mismo partido desde que llegó al poder en 2015, en especial la reforma del Tribunal Constitucional, cuestionada por la Comisión Europea (CE), que abrió una investigación el pasado año para determinar si vulnera el estado de derecho.

La CE también se ha sumado a las críticas hacia esta nueva reforma y la próxima semana se reunirá para analizar la situación en Polonia.

El Parlamento polaco aprobó la reforma el pasado miércoles con 227 votos a favor y solo 5 en contra en una cámara de 460 diputados, ya que la mayoría de la oposición decidió no pronunciarse en señal de protesta.

Con la nueva ley, quince de los veinticinco miembros del Consejo Nacional de la Judicatura, hasta ahora elegidos por los propios jueces, pasarán a ser designados por el Parlamento, dominado por el partido gobernante, la formación nacionalista-conservadora Ley y Justicia.

Además, el ministro de Justicia podrá nombrar a los presidentes de los tribunales regionales y de apelación, una función que hasta ahora correspondía al poder judicial.