Miles de personas claman en Barcelona contra el plan de cuenca del Ebro

"Si ganamos Catalunya nos presentamos muy bien ante Europa, y la de hoy es una carta de presentación excelente". El líder de la Plataforma en Defensa de l’Ebre (PDE), Manolo Tomàs, guiaba la manifestación que trasladaba al epicentro de Catalunya una lucha que el sur arrastra desde hace décadas, y que reaparece cíclicamente al vaivén de las leyes hidráulicas aprobadas por el Gobierno central. Tras reunir a 30.000 personas en febrero en Amposta, se hacía necesario teñir la capital catalana de azul para demostrar a la Comisión Europea que la oposición al plan de cuenca no es cosa de nostálgicos ambientalistas locales, sino una denuncia nacional.

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Se trataba de refrendar, con apoyo social, la queja que en los próximos días recibirán las instituciones europeas para que veten el plan. Y se logró. Unas 15.000 personas, según cifras de la Guardia Urbana, dieron vida a la 'riada' que desfiló por el centro de Barcelona para reclamar a Europa que imponga sus propias directivas y al Gobierno central que desista de un proyecto que, sostienen los opositores, reserva un ínfimo caudal para el tramo final del río con el fin de primar usos a lo largo de la cuenca. Advierten de que esto desencadenará futuros trasvases.

PP Y CIUTADANS, AUSENTES

"Esta es una movilización fundamental que no es únicamente de las Terres de l'Ebre sino del conjunto del país, en defensa de un bien común como el agua", destacó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, sosteniendo la pancarta que unió al grueso de representantes políticos -a excepción del PP y Ciutadans, que no asistieron- a las puertas de las elecciones generales. También la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, insistió en que "lo que es bueno para el delta lo es para el conjunto del país". "Aquí se dirime un conflicto entre una concepción del siglo XXI y una del siglo XIX", afirmó el diputado de Junts pel Sí Germà Bel. "Europa tiene que vetar las líneas de financiación para infraestructuras viarias e hidráulicas como las que contempla el plan", señaló. El 'conseller' de Territori, Josep Rull, dijo que el plan "es malo para el Ebro, ya que no garantiza los caudales ecológicos, para los regadíos, porque no apuesta por su modernización, y para toda Catalunya".

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La defensa de un caudal ecológico suficiente para el tramo final del Ebro y el delta actuó como denominador común, y solapó otros contenidos del plan que provocan sonadas diferencias. Es el caso de regadíos como el Segarra-Garrigues o el Xerta-Sénia, impulsados por el Govern de la Generalitat y defendidos por sindicatos como Unió de Pagesos, cuyos tractores abrían la marcha. "Agricultores, no os dejéis engañar, os utilizan para desarrollar un tipo de agroindustria que os echa de vuestras tierras", advirtió la portavoz antitrasvase Susanna Abella. La PDE sostiene que tras regadíos inviables se esconde la futura venta de las concesiones de agua no utilizada a otras cuencas. El sempiterno trasvase. "Nosotros creemos que esos sistemas de riego proyectados en Catalunya son compatibles con la protección del río porque se pueden desarrollar en base a criterios de sostenibilidad propios del siglo XXI", aseguró el líder de UP, Joan Caball.

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SIGUIENTES PASOS

La 'riada' azul del Ebro, que desfiló a ritmo de bandas y pasodobles por detrás del nudo que simboliza la lucha contra el trasvase, y de una pancarta, en la cabecera, que proclamaba: “El Ebro sin caudales es la muerte del Delta”, reunió a unas 90 entidades, organizaciones ambientalistas, partidos y sindicatos, algunos procedentes de Aragón y Valencia, y también de otras zonas de Catalunya. En la plaza de la Catedral, las jotas catalanas del Ebro culminaron la quinta manifestación en defensa del Ebro en Barcelona, en un ciclo que se inició hace 15 años. "Nuestra lucha es larga, pero somos persistentes y dignos, y ganaremos", auguró Tomàs.

Su siguiente paso será la presentación de la queja, antes de 15 días, y prevé una respuesta de la Comisión tras el verano. Mientras, el Gobierno central proseguirá su ofensiva favorable al plan ante las instituciones. Un pronunciamiento desfavorable podría desembocar en una sanción, vía veto a fondos de financiación, por parte del Tribunal de Luxemburgo. Antes llegará el informe que eurodiputados de la Comisión de Peticiones están ultimando sobre el plan. "Este no es un conflicto territorial, tiene que ver con el cumplimiento de la legalidad y estoy seguro de que Europa será una aliada", aseguró el eurodiputado Francesc Gambús.