Madrid paraliza la privatización sanitaria tras un fallo judicial y dimite el consejero de Sanidad
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid había rechazado el recurso de la comunidad contra la suspensión
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha decidido dejar sin efecto el proceso de externalización de la gestión de seis hospitales públicos de la región ante la decisión del TSJM de mantener la suspensión cautelar de la medida.
El consejero madrileño de Sanidad, Javier Fernández-Lasquetty, ha presentado su dimisión del cargo. El portavoz de Sanidad del PP en la Asamblea de Madrid, Javier Rodríguez, será su sustituto en el cargo.
El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, ha anunciado que no se van a introducir más recortes en la Sanidad madrileña, derivados de su decisión de dejar sin efecto el proceso de externalización, aunque se "seguirá ajustando gastos".
La sección tercera del TSJM ha desestimado este lunes el recurso de la Comunidad de Madrid contra la suspensión cautelar de la externalización de seis hospitales, dictada en septiembre, y declara también la suspensión en otros dos recursos contenciosos, a solicitud del sindicato de médicos Amyts.
Así lo ha decidido esta sección de lo Contencioso Administrativo del TSJM, que ha desestimado un recurso de reposición que habían presentado el Gobierno regional y las adjudicatarias contra el auto del 11 de septiembre, por el que esta misma sección había acordado paralizar el proceso a petición de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid (AFEM), y que ahora además extiende a los dos recursos de la Asociación de Médicos y Titulados Superiores (Amyts).
Los recursos impugnan la resolución de 30 de abril de 2013 de la viceconsejería madrileña de Sanidad por la que se convocaba el concurso para la privatización de la gestión de los hospitales Infanta Sofía, Infanta Leonor, Infanta Cristina, Del Henares, Del Sureste y del Tajo.
La Sección Tercera del TSJM considera, en todos los casos, que dadas las circunstancias que concurren y que pormenorizadamente expone en tres resoluciones, de no aceptarse la petición de medida cautelar de suspensión se podrían producir "perjuicios de difícil o imposible reparación".
Ello ha sido posible después de que, el pasado 9 de enero, el pleno de la sala de lo Contencioso Administrativo del TSJM, que se había reunido para decidir sobre siete recursos relacionados con la externalización, acordara devolverlos a las secciones Tercera y Octava de donde procedían, con el voto a favor de 30 de los 43 magistrados que componían el pleno.
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