Los funcionarios de Justícia en Catalunya convocan huelga indefinida desde el miércoles
Los sindicatos reclaman la paga extra suprimida y mejoras laborales
Los sindicatos de la administración de Justicia en Catalunya UGT, CCOO, STAJ y CSIF han convocado una huelga indefinida a partir del próximo miércoles en protesta por la supresión de una paga extra en 2013 y la pérdida de otros derechos laborales.
Los sindicatos han convocado para mañana martes tres concentraciones ante la Ciudad de la Justicia, el Departamento de Justicia y en el resto de edificios judiciales, para expresar su protesta. Y para el próximo miércoles una manifestación que partirá desde la puerta de la consellería de Justicia y se dirigirá a la entrada del Departamento de Gobernación.
Los funcionarios de Justicia rechazan la reducción de retribuciones que la Generalitat les ha impuesto este año, en una cuantía equivalente al importe de una paga extraordinaria, un recorte que, según han señalado fuentes sindicales, "es superior al practicado en 2012 por el gobierno de Rajoy".
"El gobierno central suprimió una paga extra a todos los funcionarios a nivel nacional, pero aplicó un índice de corrección sobre el recorte del personal de Justicia ya que estos arrastraban un mayor recorte en las mensualidades ordinarias desde el recorte del Gobierno de Zapatero", ha explicado el sindicato STAJ.
Más que al resto de funcionarios
Además, los sindicatos denuncian que el recorte a los funcionarios de Justicia "se aplicará reduciendo las retribuciones de todas las mensualidades pendientes de 2013 y no sólo las de junio y diciembre, como al resto de funcionarios catalanes".
Los sindicatos aseguran que sin tener en cuenta el recorte de la extra de 2013, "los funcionarios de justicia catalanes son desde hace años los peor pagados de todo el Estado".
Junto al recorte retributivo, la convocatoria de huelga incluye otros motivos como "la sucesiva pérdida de derechos laborales y el deterioro de las condiciones de trabajo, de gestión de personal y otros relacionadas con las garantías que se exigen como paso previo a la implantación de la nueva oficina judicial que pretende llevar a cabo la administración", según los sindicatos.
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