informe conjunto

Los defensores del pueblo exigen sanidad pública para los simpapeles

MANUEL VILASERÓ / MADRID

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Un informe conjunto sobre las urgencias hospitalarias del Defensor del Pueblo y los titulares de esta institución en nueve autonomías presentado ayer exige al Gobierno que dé marcha atrás en la reforma que dejó sin acceso a la sanidad pública a los inmigrantes irregulares. El documento revela que la medida ha tenido efectos tan perniciosos que los simpapeles incluso encuentran graves trabas en las urgencias, un servicio al que sí tienen derecho.

Pese a que los inmigrantes irregulares deberían recibir «sin obstáculos y en condiciones de gratuidad» la asistencia en urgencias, es frecuente que esta «se supedite a la firma de un compromiso de pago, así como a la emisión de facturas con la liquidación de los gastos». Aunque al final no se cobre el servicio, estos trámites y requisitos retrasan la atención propiamente hospitalaria y actúan de elemento disuasorio que en muchas ocasiones lleva al afectado a renunciar a la prestación.

Los defensores del pueblo también han detectado que una vez se les da el alta en urgencias, luego se les niega el seguimiento especializado o de atención primaria que prescriben los facultativos de urgencias, en contra de lo que está previsto en la ley.

Estos desajustes llevan a los defensores a reclamar al Gobierno que restituya las 873.000 tarjetas sanitarias que se han retirado a inmigrantes irregulares. «Lo reclamé en su día y hoy lo reitero», señaló Soledad Becerril.

EL COSTE / La cuestión no afecta aparentemente a Catalunya, autonomía que, junto al País Vasco y Andalucía, no aplica la medida aprobada por el Gobierno, pero, como apuntó el adjunto al Síndic de Greuges, Jordi Sánchez, costea la asistencia sin recibir ninguna transferencia por ello. Una situación que cambiaría si el Gobierno diera marcha atrás en su controvertida decisión.

El resto de las recomendaciones se centran especialmente en cómo evitar la saturación de las urgencias. Las más aplicables a Catalunya serían mejorar el cribado de los pacientes a la llegada al servicio, derivando a una parte a centros de asistencia primaria, además de informar sobre los tiempos de espera.