La ley del aborto, a la espera de que Rajoy decida si la impulsa

El Gobierno reaunuda hoy su actividad, con el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones y varios frentes abiertos, entre ellos la polémica contrarreforma de la ley del aborto. El Ministerio de Justicia ha terminado este verano un texto legal, según fuentes gubernamentales, que recoge algunas de las recomendaciones de los órganos consultivos y suaviza ligeramente el restrictivo anteproyecto aprobado las pasadas Navidades y que solo permite interrumpir el embarazo en dos supuestos: violación y riesgo para la salud de la madre. Por tanto, ahora solo falta que el núcleo duro del Ejecutivo, Mariano Rajoy y Soraya Saénz de Santamaría, tomen la decisión de si dan luz verde a la norma en las próximas semanas  y en qué terminos, o si bien posponen su aprobación de forma que apenas dé tiempo a tramitarla en las Cortes antes de las elecciones generales de finales del 2015. En el PP hay quien sostiene incluso que lo mejor sería que la guardaran en el cajón definitivamente.

Las fuentes consultadas aseguran que, salvo cambios de última hora, la controvertida reforma no se aprobará hoy, y subrayan que el Gobierno no tiene la misma entre sus prioridades inmediatas. De hecho, el Ejecutivo podría haber sacado adelante la ley en julio, como se dijo en un principio, pero viernes tras viernes, con excusas varias, se fue argumentando que no era el momento.

LA CONTESTACIÓN / El anteproyecto, que finiquita el derecho al aborto y convierte a España en uno de los países con leyes más severas, generó un rechazo unánime en la oposición, el colectivo médico y las asociaciones de mujeres; pero también malestar en las filas de un partido tan disciplinado como el PP. Decenas de cargos, entre ellos presidentes autonómicos y a algún que otro subdelegado del Gobierno, alzaron la voz contra la dureza de la norma hasta el punto de que la dirección de la formación conservadora pidió al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que dejase estar el proyecto y lo flexibilizase lo más posible. Un sector del PP comulga con una ley parecida a la de 1985 (que permitía el aborto por violación, riesgo para la salud materna y por malformación fetal y que permitió abortar hasta a 100.000 mujeres al año), y cree que una legislación más retrógrada les alejará de su electorado moderado, ese precisamente que se quedó en casa y no votó al partido en las elecciones europeas del pasado mayo.

La pelota está por tanto en el tejado de la Moncloa, pero el tiempo juega en su contra. Si el Consejo de Ministros aprobara el texto en septiembre, el último plazo que ha dado Gallardón, y se imprimiera al mismo en el Congreso un procedimiento exprés, este podría entrar en vigor a finales de año o principios del 2015, para separarlo lo más posible de las elecciones municipales y autonómicas del próximo mayo. A un PP en horas bajas y que, según las encuestas, podría perder varias alcaldías y comunidades importantes, no le conviene que la precampaña y campaña electoral gire en torno a la polémica ley, dado que los estudios de opinión indican que son pocos los españoles que comparten la necesidad de derogar la ley de plazos actual.

UNA TRAMITACIÓN PAUSADA / También cabría la posibilidad de que la tramitación en el Congreso fuera más pausada y la norma se aprobara después de mayo, pero en este caso podría complicar la campaña del propio Rajoy, dado que las generales se celebrarán a finales de año. Así las cosas, comienza a instalarse en el PP la sensación de que, o bien el Consejo de Ministros da luz verde a la contrarreforma en septiembre o como mucho a primeros de octubre, o bien el jefe del Ejecutivo ha llegado a la conclusión de que para no perjudicarse a él mismo y a su partido es mejor dejar morir deliberadamente la reforma, ya sea en los cajones de Justicia, ya sea en los del Congreso de los Diputados.

El partido también confía en que, si decide seguir adelante, al menos se hagan los retoques suficientes que allanen el camino de su defensa en las Cortes y ante la sociedad. Justicia ya ha introducido en la ley el aborto por malformación fetal, incluyendo en el texto un listado de enfermedades severas, que no incluye discapacidades como el síndrome de Down. Pero como con todo, Rajoy será quien decida si modera el texto aún más.