MARCHA ATRÁS DE JUSTICIA
La ley no dará amparo al registro de los bebés de vientre de alquiler
El PP rectifica para «no favorecer el negocio» de la compra de niños
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, anunció en diciembre que el PP presentaría varias enmiendas a la reforma del Registro Civil para acoger la inscripción de los bebés nacidos por la técnica de maternidad subrogada, conocida popularmente como vientre de alquiler, en cumplimiento de la doctrina del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que defiende la filiación de estos menores, pese a que la técnica está prohibida en España. Sin embargo, después de darle muchas vueltas, Justicia ha dado marcha atrás y por eso el PP retiró ayer, durante la tramitación de la ley en la Comisión de Justicia del Congreso, la enmienda prevista sobre este asunto.
El argumento oficial, transmitido por la diputada ponente del PP, Pilar Cortés, fue que «no es necesario en este momento» cambiar la norma porque el Registro Civil, desde el pasado julio, ya tiene instrucciones de inscribir a todos los niños sobre los que haya una resolución judicial extranjera que fije el vínculo.
La circular vino motivada porque unos meses antes el Supremo impidió la inscripción de unos niños nacidos en California por gestación subrogada. Esta sentencia paralizó las inscripciones hasta que el Ministerio de Justicia, capitaneado entonces por Alberto Ruiz-Gallardón, dictó la instrucción general.
GESTANTE NO EXPLOTADA
Su sustituto, Catalá, se comprometió posteriormente a dar amparo legal al registro, pero finalmente -salvo un nuevo giro en el Senado- el procedimiento seguirá como en la actualidad. Es decir, se podrá inscribir a los niños procedentes de aquellos países, como EEUU, en los que un juez haya determinado que la gestante actúa libremente y no explotada por terceros. El PP ha evitado precisamente introducir cambios en la ley, según alegan fuentes del partido, para evitar amparar a los bebés procedentes de aquellos países, en vías de desarrollo, sobre los que persisten dudas acerca del proceso, dado que la justicia no evalúa las garantías. «No queríamos facilitar el negocio» de la compra de niños por la puerta de atrás, argumentan. Además, el PP no contaba con el apoyo del PSOE y ha preferido no continuar adelante en un tema «tan delicado» sin consenso.
Pese a ello, el presidente de la asociación de afectados Son Nuestros Hijos, Antonio Vila, lamentó ayer la marcha atrás del PP.
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