Las víctimas del tren Alvia tildan de negligente al juez

Víctimas del accidente del tren Alvia que descarriló antes de llegar a Santiago y en el que murieron 80 personas estudian interponer una queja ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) porque consideran que la actuación del juez Andrés Lago Louro es «negligente» y que la instrucción del caso «se ha cerrado en falso» porque solo ha sido imputado el conductor del convoy y no la compañía ferroviaria Renfe ni el gestor de infraestructuras Adif.

La exdiputada del PP por la Asamblea de Madrid Teresa Gómez-Limón, afectada por el siniestro que ocurrió el 24 de julio del 2013 en la curva de A Grandeira, rebate el argumento para imputar solo al maquinista, Francisco Garzón Amo, que respondió a una llamada telefónica del interventor mientras conducía.

«Estamos indignadísimos», afirma Gómez-Limón, cuyo abogado, como acusación particular, también prevé recurrir el auto de cierre, primero ante el juzgado, pese a verlo «inútil», y luego ante la Audiencia Provincial. La exdiputada apoya la concentración que ha convocado la Plataforma Víctimas Alvia 04155 para este viernes frente a los juzgados de Santiago de Compostela y avanza que barajan movilizarse frente a la sede del CGPJ en Madrid.

«Curiosamente, el cierre coincide con el anuncio que hicimos esta semana del estreno en la Semana Internacional de Cine de Valladolid, Seminci, del documental Frankenstein-04155, donde se ponen encima de la mesa datos contundentes que demuestran la cantidad de negligencias y errores que están detrás de la catástrofe», afirma la plataforma, que sostiene que «las víctimas, con escasos medios y gracias a la colaboración de ingenieros y expertos ferroviarios», fueron «capaces de averiguar hechos completamente escandalosos y que cuestionan la versión oficial» y que ha obviado el juez.

RECURSO DEL FISCAL / Tanto el fiscal, Antonio Roma, como la acusación popular, las particulares y la defensa de Garzón Amo preparan sus recursos contra la imputación y el cierre del caso, alegando «indefensión» puesto que el magistrado no admitió las pruebas propuestas y las calificó de «inútiles» o «improcedentes». Gómez Limón también anunció su oposición a la posibilidad de que quien juzgue la causa sea la hermana de la actual secretaria de Estado de Presupuestos.