Las autonomías díscolas intentan frenar la 'ley Wert' en secundaria

Con un ojo puesto en el calendario escolar y el otro pendiente de las citas electorales del año que viene, los responsables educativos de Catalunya, Andalucía, Canarias y Asturias exigieron ayer al Gobierno central que paralice o, como mínimo, que posponga la entrada en vigor de la ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE), que el próximo septiembre debería empezar a desplegarse en los centros de enseñanza secundaria. Las cuatro autonomías, que ya este curso han puesto en marcha medidas para evitar o suavizar la implantación de la controvertida reforma educativa en las aulas de primaria, hicieron ayer un duro alegato contra la también conocida como ley Wert, que, según recordaron, será derogada en cuanto el PP deje de tener mayoría en el Congreso.

Esta vez, el detonante de la protesta de las cuatro comunidades díscolas con la LOMCE ha sido la aprobación, el pasado viernes en el Consejo de Ministros, de un nuevo decreto de despliegue de la polémica reforma educativa del ministro José Ignacio Wert, en el que se determinan los contenidos de las asignaturas que cursarán los estudiantes de ESO y bachillerato a partir del curso 2015-2016. El ministerio, criticaron, no ha facilitado a las administraciones autonómicas el contenido definitivo de la propuesta, que previsiblemente se publicará hoy en el Boletín Oficial del Estado.

«En todo caso, es un decreto imposible de implementar, porque falta tiempo para que las autonomías desarrollen su parte del currículo y porque lo que fija el ministerio es excesivo en el contenido y exagerado en los criterios de evaluación», clamó Teresa Pijoan, directora general de Educación Secundaria y Bachillerato, que sustituyó a la consellera de Ensenyament, Irene Rigau (de baja por accidente) en una comparecencia conjunta con los responsables de Educación de Andalucía, Asturias y Canarias, celebrada en el Congreso.

«El calendario que ha fijado el ministerio, no solo es precipitado, también es un calendario político», insistió Pijoan, que recordó que la LOGSE de Felipe González tuvo 10 años de implantación, mientras que la LOE de Rodríguez Zapatero contó con cinco años para su despliegue. «Wert quiere que la suya esté aplicada en solo tres años», lamentó.

PROBLEMAS EN BACHILLERATO / «Vamos a estudiar este nuevo decreto, reflexionar y ver qué hacer, pero ya podemos adelantar que habrá problemas, por ejemplo, en el bachillerato, donde hay modalidades descompensadas», explicó la directora general. En Catalunya, dijo, el modelo territorial hace que haya centros públicos de secundaria en poblaciones de muy pequeño tamaño, «donde será muy difícil articular la oferta de bachillerato, tal y como la prevé el ministerio». Eso significa, que podría haber institutos que se quedaran sin alumnos de esa etapa educativa.

«No es una cuestión de insumisión», advirtió el andaluz Luciano Alonso, que aseguró que, antes de nada, la Junta someterá a evaluación de los órganos preceptivos los decretos, «cosa que no ha hecho el Gobierno central». Para la consejera asturiana, Ana González, la celebración de elecciones autonómicas en muchas comunidades el próximo mayo es un elemento más de incertidumbre, ya que es posible que algún gobierno cambie de color político. Aun así, dijo González, que es profesora de instituto, en junio se cierra la programación didáctica y con los plazos que ha dado el ministerio «está claro que el curso va a empezar sin que el profesorado ni las editoriales tengan tiempo» para preparar todos los materiales necesarios.

RÉPLICA MINISTERIAL / Los plazos fijados en el decreto son, en opinión del propio ministerio, más que suficientes. Las comunidades autónomas tienen margen suficiente para desarrollar el currículo de ESO y bachillerato de cara al próximo curso, insistió ayer un portavoz de este departamento, quepuso a a disposición de quienes lo precisen los desarrollos elaborados para Ceuta y Melilla, en caso de que les falte tiempo para aprobar sus propios modelos. De este modo, arguyeron las mismas fuentes ministeriales, «no tienen excusa» para no aplicar la ley.

De hecho, la normativa reguladora se ha aprobado con más margen del que dio la ley orgánica de Educación (LOE), un plazo menor que «no les supuso problemas».El decreto de secundaria y bachillerato, dijo el mismo portavoz en declaraciones a Europa Press, «ha visto la luz un 26 de diciembre, cuando en el caso de la LOE se aprobó el 29».