Un informe de la Policía Nacional sostiene que los Mossos ocultaron datos a un juez

Un informe del Cuerpo Nacional de la Policía concluye que los Mossos d'Esquadra cometieron irregularidades en la persecución de una organización de presuntos narcotraficantes, al no investigar indicios evidentes y al omitir al juez datos clave que incriminaban en actos delictivos a un confidente policial ahora imputado por blanqueo de dinero y al que se vivincula con traficantes de droga. El dictamen ha sido remitido al juez de Barcelona Joaquin Aguirre que desde el 2009 investiga una supuesta trama de narcos y corrupción policial.

En el informe, la Policía Nacional afirma que la unidad adscrita de los Mossos dirigida por subinpsector Antoni S., que está imputado, no desarrolló las "vías de investigación conducentes" a corroborar que el confidente Manuel G.C. era un supuesto narco, "aunque el mismo apareciera reiteradamente implicado en hechos que estaban siendo investigados". Además, determina que esta unidad especializada de los Mossos "no informó a la autoridad judicial de que varios miembros de dicha unidad y otros del mismo cuerpo mantuvieron frecuentes contactos con Manuel G.C. durante el desarrollo de la investigación".

En el informe se precisa que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional y la Fiscalía de Barcelona constataron la condición de confidente de Manuel G.C., pero que en cambio "no se ha hallado comunicación oficial en tal sentido por parte de la Unidad Adscrita" de los Mossos. También pone de relieve que en el marco de las pesquisas se han detectado "numerosas omisiones de información" al juez sobre los sujetos investigados, entre ellos sobre un tal "Tarek", una figura clave en la trama que está desaparecida pese a que llegó a ser detenido por la Guardia Urbana.

Según el informe, la División de Asuntos Internos de los Mossos (DAI), que investigó a varios mossos por este caso, detectó "en menos de dos meses" que había "elementos suficientes" para considerar que el entorno de Manuel G.C. "constituye un grupo delincuencial dedicado, entre otras actividades delictivas, al tráfico de sustancias estupefacientes y que, con este grupo, colaboran, de diversas maneras, varios miembros de los Mossos".

La Guardia Civil

El informe de la Policía Nacional no sólo cuestiona la actuación de los Mossos, ya que también ve "numerosas irregularidades" en la detención en 2009, por parte de la Guardia Civil, de un supuesto colaborador de Manuel G.C., Luis Miguel B.H., lo que dio origen a la investigación del caso. Por esta detención, atribuida a una guerra entre bandas rivales, fueron juzgados y posteriormente absueltos dos agentes de la Guardia Civil que habían relatado en un atestado que habían incautado a Luis Miguel B.H. un total de 50 kilos de cocaína cuando, en realidad, el alijo contenía en su mayoría bolsas de azúcar y yeso. El informe destaca que por parte de los mandos de la Guardia Civil se desarrolló "un importante despliegue de medios" para la defensa de los agentes, hasta el punto de que llegaron a acudir a un senador de CiU para que mediara.

En una de las ramificaciones de esta compleja trama, el informe también reconoce que la Policía Nacional no estudió la totalidad de los registros de llamadas telefónicas de los supuestos narcos, por lo que su actuación podría ser considerada "al menos de irregular".