La ILP de la vivienda se aprobará en el último pleno de la legislatura

El Parlament dio ayer luz verde para que la iniciativa legislativa popular (ILP) de medidas urgentes para hacer frente a la emergencia habitacional y a la pobreza energética camine hacia su aprobación. La ILP superó el debate de la totalidad sin votación, porque ningún grupo presentó enmienda. Ni tan solo el PP, que ya ha dejado claro que no tiene intención de apoyar la iniciativa. CiU, que inicialmente la rechazaba, está cerca de apoyarla, con algún matiz que se limará en los próximos días.

La ILP apuesta por una segunda oportunidad para los sobreendeudados, por el realojo garantizado para quien no tenga una vivienda, por el acceso de los más vulnerables a los suministros básicos y por la movilización de pisos vacíos. Representantes de sus promotores, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), el Observatori DESC y la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), la presentaron ayer en la Cámara catalana. El texto recorrerá ahora un camino abreviado -se ha renunciado a que haya comparecencias de expertos- con el fin de que sea aprobado en el último pleno de esta legislatura (salvo que esta se alargue inesperadamente), del 22 al 24 de julio. El portavoz de la PAH, Carlos Macías, advirtió de que las medidas fijadas en la ILP son «de mínimos» y de que no se aceptará que sean mutiladas en estas dos semanas.

CAMBIOS

Con todo, algún cambio habrá. Todo apunta a que la figura del alquiler forzoso no resulta, en su literalidad, aceptable para CiU, pero la PAH daba ayer por hecho que se encontrará una fórmula con el mismo efecto aunque no reciba el mismo nombre. Una opción clara es que cuando se inste un desahucio deba existir la garantía de que el realojo de los que van a ser desahuciados está garantizado.

El conseller de Territori, Santi Vila, aplaudió la ILP aunque reclamó prudencia a la vista de casos como el de Andalucía, que vio cómo el Tribunal Constitucional anulaba la norma por la que quería expropiar pisos vacíos en manos de bancos. Vila advirtió de que aplicar la propuesta podría conllevar un coste anual de entre 400 y 800 millones de euros. El portavoz de la PAH dio por hecho que la cifra sería inferior.

MEDIDAS Y LEGISLACIÓN

Las medidas de la ILP dependen en parte del marco legislativo, que en pobreza energética es esencialmente estatal. Aparte de prever que la Generalitat garantizará los servicios tres años a las personas en situación de vulnerabilidad también se contemplan descuentos y que no haya cortes sin que se consulte antes a los servicios sociales, algo que según el Govern ya sucede desde hace unos meses.