La herida del hijo arrebatado

La suya es la historia de unos padres a los que no se les dio una segunda oportunidad. Como toda buena historia, deja abierta una puerta a la esperanza: la posibilidad de que en un futuro próximo puedan abrazar de nuevo al hijo que la Generalitat entregó en adopción a otra familia. Una medida que se tomó contra su voluntad y sin tener en cuenta que habían superado su adicción a las drogas. Antonio (45 años) y Andrea (35 años) no se llaman así, pero han escogido estos nombres para hablar por teléfono con EL PERIÓDICO desde Salamanca, donde él trabaja en una fábrica, y ella, en un restaurante.

Su caso ha salido a la luz debido a que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) les ha dado la razón y obliga a la Generalitat a indemnizarles con 980.000 euros. Una sentencia que la Conselleria d'Acció Social recurrirá al Tribunal Supremo, porque considera que la indemnización es de-sorbitada y que no se ha tenido en cuenta que el Govern no hizo más que velar por el niño.

«Cuando nació el niño, yo estaba en prisión provisional, y Andrea, sola y en tratamiento con metadona. En un principio vimos bien que se quedara en el centro de acogida, porque no podíamos hacernos cargo de él, pero las responsables siempre nos dijeron que si superábamos nuestro problema nos lo devolverían», recuerda Antonio. El pequeño nació en septiembre del 2000 en Vilanova i la Geltrú (Garraf), y fue ingresado en el hospital porque padecía síndrome de abstinencia. Andrea, que entonces tenía 25 años, estaba sola, fuera de casa y enganchada a las drogas. Antonio salió poco después de la cárcel sin ser condenado y el reencuentro facilitó la aproximación de la pareja al niño.

Proceso apresurado

«Ir a ver a ese bebé y ver esa vida encendió la luz que nos dio fuerzas para salir del pozo. Lo hicimos por él», subraya Antonio. Él y Andrea ingresaron en un centro de rehabilitación. Durante dos meses estuvieron en régimen cerrado, por lo que no pudieron visitar al bebé. Superada esa primera prueba, presentaron informes que confirmaban su buena recuperación. Los responsables de la Direcció d'Atenció al Menor, que entonces dependía de la Conselleria de Justícia, hicieron caso omiso de los documentos y, según la sentencia del TSJC, iniciaron de forma «apresurada» el proceso de adopción, impidiendo que los padres pudieran recuperar la custodia del pequeño.

Paradójicamente, por esas mismas fechas la pareja consiguió que se le devolviera la custodia de un hijo anterior de Andrea que también estaba ingresado en un centro de acogida. Durante un año, un asistente social evaluó a la familia y, tras comprobar su total rehabilitación, dio por cerrado el expediente. A partir de ahí se suceden las denuncias de Antonio y Andrea, asesorados por la abogada Miriam Garcia, y los recursos de la Generalitat. La administración siguió adelante con el proceso de adopción y fue espaciando las visitas de los padres biológicos hasta que dos sentencias, del 2002 y del 2004, avalaron las medidas de acogida preadoptiva. Los jueces estimaron que la relación del niño con su nueva familia ya estaba consolidada, pero censuraron a la Generalitat porque actuó con excesiva celeridad, sin tener en cuenta el proceso de rehabilitación de los padres y con el «prejuicio más absoluto» de que se trataba de dos progenitores drogadictos de larga duración.

«Al final acatamos la sentencia porque vimos que para el niño era mayor el daño de sacarle de aquel vínculo familiar que seguir intentando que volviera con nosotros. Pero decidimos seguir luchando para que, por lo menos, la Generalitat reconociera que se había equivocado. No nos dieron ninguna oportunidad. Nos desecharon por el tópico de que un drogadicto lo es para siempre», afirma Antonio. Entonces presentaron la demanda por daños y perjuicios.

Volver a abrazarle

«¿Dónde queda la reinserción? ¿Para qué se envía a los drogadictos a los centros de desintoxicación? La gente puede rehacer su vida. Nosotros hemos tenido otros dos hijos. Los dos trabajamos, vivimos humildemente, pero vamos tirando», añade. Antonio y Andrea ya no esperan que la Generalitat les pida perdón. Su única esperanza es volver a abrazar algún día a su hijo. «El dinero no reparará el daño. No nos devolverán el poder verlo crecer. Eso no hay quien lo pague», lamenta Antonio.