Guerra en el Registro Civil

Casi todas las leyes son «completamente necesarias», según el Gobierno que las impulsa, o «inútiles o injustas», en opinión sus detractores. La reforma del Registro Civil que planea Alberto Ruiz-Gallardón cumple con esta máxima. Según el Ministerio de Justicia, eliminará colas y el vía crucis de ir de Administración en Administración para solicitar certificados, ya que todos los datos se intercambiarán on line. Por el contrario, para buena parte de los operadores jurídicos, el nuevo modelo supondrá un aumento de los actos inscribibles y, lo más importante de todo, acabará con la gratuidad en un servicio público.

La reforma aún se encuentra en fase de borrador, pero ya ha provocado un cruce encendido de acusaciones, una especie de lucha de lobis, entre los sectores afectados. El Gobierno no tiene demasiado tiempo para deshojar la margarita porque en julio del año próximo entra en vigor la reforma del Ejecutivo socialista, apoyada por el PP, que desjudicializa los registros para dejarlos en manos de funcionarios o secretarios judiciales. El problema, según el Ejecutivo actual, es que para llevarla a la práctica sería necesario crear más plazas de empleados públicos, una circunstancia que choca con la austeridad presupuestaria. Por eso Gallardón se ha sacado de la chistera una idea que ya circuló la legislatura pasada: encomendar su gestión a los registradores de la propiedad y mercantiles (curiosamente la profesión del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy) . Con esta jugada, libera jueces y funcionarios, que serán trasladados a los juzgados más atascados, y ahorra más de 450 millones a las arcas del Estado.

LA PRIVATIZACIÓN / La jugada podría ser impecable, de no ser porque los registradores, funcionarios que no perciben un salario del Estado sino que se financian mediante aranceles, cobrarán por ciertos servicios. «Se trata de una privatización en toda regla», denuncian asociaciones de jueces y fiscales, sindicatos, consumidores, abogados, secretarios judiciales y notarios.

Justicia responde que los actos de inscripción obligatoria, como nacimientos o defunciones, seguirán siendo gratuitos, mientras que reconoce que estudia la posibilidad de que se cobre entre 20 y 40 euros por actos voluntarios como el cambio de nombre o la inscripción de la nacionalidad. Con estos aranceles, asegura, no se financiará el coste íntegro de la gestión del Registro Civil. De hecho, el director general de Registros y del Notariado del ministerio, Joaquín Rodríguez, afirmó recientemente que para los registradores las nuevas funciones «serán una carga». «En plena crisis, o bien rebajaban sus aranceles, o bien mejoraban el servicio. La reforma opta por lo segundo y los registradores conseguirán financiarlo con eficiencia y sacrificio. No hay gato encerrado», dijo para intentar despejar dudas.

El Colegio de Registradores, por contra, defiende con entusiasmo la reforma. Su decano, Alfonso Candau, aseguró en un acto con periodistas que con el control de los registros «no quieren ganar dinero pero tampoco perderlo». Candau confesó que asumen el reto «para fortalecer la institución». Y es que la figura del registrador casi no tiene parangón en el extranjero y la UE ya está presionando para acabar con esta excepcionalidad, de ahí que los registradores aplaudan la posibilidad de robustecer su labor.

EL PODER DE LOS REGISTRADORES / La reforma les encomienda, además, la gestión de otros registros menores, pero importantes, con la intención de unificar las bases de datos. La idea es aglutinar en un solo registro el de la propiedad, el mercantil, el civil, el de fundaciones, el de bienes muebles, el de contratos de seguros de fallecimiento y el de última voluntad. De esta forma, los registradores se convertirán «en una especie de poder en la sombra» con la facultad de inscribir o no y de custodiar datos sensibles de ciudadanos y empresas, según los detractores de la norma.

«España se convertiría en una isla europea macrorregistral», asevera el vicepresidente del Consejo General del Notariado, Joan Carles Ollé. El sistema de seguridad jurídica actual es, en su opinión, uno de los mejores porque se basa en un «equilibrio» entre las funciones de notarios y registradores contra el que la reforma «atenta directamente».

El Consejo General del Notariado ha publicado un duro editorial en el que sostiene que los registradores se convertirán en «una especie de gran hermano orwelliano que se emancipa del Estado» hasta tal punto de que Justicia «solo podrá acometer la inspección de un registro si lo motiva adecuadamente». Notarios y el resto de sectores críticos recuerdan, además, que Mariano Rajoy (registrador de la propiedad) podría incurrir en un conflicto de intereses.