NORMATIVA AMBIENTAL EN REVISIÓN

El Gobierno impone su restrictivo caudal para el Ebro catalán

Arrozales situados junto al curso del Ebro, anegados de agua, en una imagen de archivo.

Arrozales situados junto al curso del Ebro, anegados de agua, en una imagen de archivo.

SÍLVIA BERBÍS / TORTOSA

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El nuevo plan hidrológico de la cuenca del Ebro, cuyo proceso de aprobación empezará el próximo jueves, 3 de septiembre, en Zaragoza, no modifica ni un ápice el régimen de caudales ambientales contemplado para el tramo catalán del río. El Gobierno central está decidido a imponer su restrictivo caudal ecológico. Ni las 4.000 alegaciones ciudadanas en apoyo a las presentadas por la Plataforma en Defensa de l'Ebre, ni la propuesta de caudales replanteada pragmáticamente por la Generalitat tras una revisión a la baja consensuada con la Comisión para la Sostenibilidad de las Terres de l'Ebre (CSTE), ni los requerimientos acuciantes de la Unió Europea han servido para que la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) reconsidere los caudales mínimos que contempla su plan para la desembocadura.

En su respuesta a las alegaciones presentadas por la Generalitat, recibida el pasado 18 de agosto, la CHE anuncia que «el caudal ecológico del delta del Ebro en el plan hidrológico 2015-2021 no variará respecto al plan 2009-2015 aprobado en el 2014». Así lo someterá a aprobación del Consejo del Agua de la Cuenca la próxima semana.

Tal y como han confirmado fuentes de la Conselleria de Territori y Sostenibilitat, las alegaciones presentadas por la Generalitat sobre el caudal ambiental del tramo final del Ebro «no han sido aceptadas». Y eso que el Govern redujo la propuesta inicial que llevaba planteando desde el 2007, al trasladar en sus alegaciones al nuevo plan las cifras acordadas el pasado mes de junio en la última reunión de la Comisión para la Sostenibilidad, un órgano consultivo formado por diversas administraciones, entre ellas la autonómica y la estatal, y representantes de sectores sociales, económicos y ambientalistas de las Terres de l'Ebre.

La rebaja se fraguó teniendo en cuenta la reducción de lluvias registrada en los últimos años, lo que repercute en el caudal medio del río, de manera que del caudal ecológico reclamado desde el 2007, de entre 227 y 397 m3/seg. de media anual en función de los años secos o húmedos, se había pasado a pedir una horquilla de entre 186,3 y 314 m3/seg. Aunque seguía siendo muy superior a los 98,5 m3/seg. que contempla el plan de cuenca, era una aproximación por parte de la Generalitat que el conseller Santi Vila defendió como una «solución pragmática, realista y ambientalmente comprometida».

Pero no ha provocado movimiento alguno por parte de la Administración central. La CHE ha contestado que «el análisis realizado del informe de la CSTE permite concluir que la propuesta realizada incurre en deficiencias metodológicas que no permiten valorar los caudales propuestos», según el documento al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

«POCA SENSIBILIDAD»

 «No entendemos la poca sensibilidad que ha mostrado la CHE una vez más, puesto que presentamos unas alegaciones defendibles y de carácter puramente técnico y no político», lamentó ayer el delegado del Govern en las Terres de l'Ebre, Xavier Pallarés.

La Plataforma en Defensa de l'Ebre solicitó ayer a la Generalitat que, «por coherencia», rechace el nuevo plan con los votos de sus seis representantes en el Consejo del Agua. Aun así, el centenar de miembros que componen este organismo previsiblemente validarán por mayoría el documento para someterlo a la aprobación del Comité de Autoridades Competentes y, posteriormente, del Consejo de Estado y el Consejo de Ministros, de forma que quede cerrado antes de final de año, como exige la normativa europea.

La Plataforma de Defensa de l'Ebre denuncia públicamente que, además del inmovilismo evidenciado respecto al caudal, tampoco se han reducido las 465.000 nuevas hectáreas de regadío que contempla el plan ni los 56 nuevos embalses. «No se ha tenido nada en cuenta a pesar de que las alegaciones formuladas estaban basadas en los requerimientos formulados por la Unión Europea y de que precisamente al Estado español le interesa cumplirlos para acceder a fondos de financiación», criticó la portavoz antitrasvase Susanna Abella.